Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia y poder ofrecer un mejor servicio. Al continuar entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.
Aranda

Sentencia favorable para un afectado por la compra de obligaciones subordinadas por valor de 50.000 euros

"Servirá para que otros perjudicados puedan reclamar su caso"

18/04/2018 13:59 | Raquel Carcedo
WhatsApp
Linkedin
Google +
Twitter
Facebook
Enviar
Imprimir

Foto Noticia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aranda ha dictado una sentencia favorable a un afectado por la adquisición de obligaciones subordinadas del Banco Popular. Se trata de un titular que sustrajo un contrato con la entidad financiera el pasado febrero de 2016 por un valor de 50.000 euros.

 

Así, tras presentar una demanda en la que se manifestaba el hecho de que, antes de adquirir hasta cincuenta títulos de obligaciones subordinadas, el cliente no fue debidamente informado de las características esenciales ni de los riesgos que conllevaba dicho producto, la titular del Juzgado arandino ha declarado la nulidad del contrato, ordenando también la restitución de las prestaciones con sus intereses legales.

 En sus exposiciones, tal y como queda reflejado en la sentencia, el denunciante ponía de manifiesto “la confianza depositada en la entidad y en sus empleados, la ausencia de toda explicación sobre las características del producto y su condición de persona humilde e interesada en contratar productos seguros, sin riesgos, que, llegado el caso le permitiera disponer del dinero en cuanto quisiera”.

Por su parte, la entidad financiera ha asegurado a lo largo del proceso que el cliente “fue informado suficientemente de la orden de valor formalizada, por lo que no puede defenderse la existencia de error (…) era consciente plenamente del producto contratado y lo contrató precisamente por la alta rentabilidad que ofrecía”.

De este modo, considerando que “no resulta nada sencillo determinar la naturaleza de las obligaciones subordinadas” y que “constituyen una mutación del régimen de prelación común a las obligaciones, que obedece al exclusivo propósito de fortalecer los recursos propios de las entidades de crédito”, la titular del Juzgado arandino considera que “el perfil del inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado y con conocimientos financieros”. Y es que, añade en su sentencia que “el demandante carece de conocimientos mínimos financieros. Las actividades diarias del mismo están muy alejadas de las prácticas mercantiles y actividades bancarias”.

Se trata esta de una resolución que, tal y como señalan desde el bufete que se ha encargado de la parte acusadora, se presenta como la segunda de toda España por la comercialización de estos productos y con motivo de la liquidación del Banco Popular. “Creemos que servirá para que multitud de afectados puedan reclamar su caso”, comentan desde el despacho de abogados.

 

 
 
Su opinión sobre este contenido
 
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrarte si no tienes ya una cuenta creada.