Sentir Aranda acudirá al contencioso para garantizar su participación en la comisión del "Caso Ortuño"

El grupo municipal de Sentir Aranda, que gobierna el Ayuntamiento de Aranda de Duero junto a Ciudadanos y Podemos, anuncia que recurrirá a la vía contencioso-administrativa para garantizar su derecho a participar en la comisión de investigación del denominado “Caso Ortuño”. La decisión se produce tras la expulsión del equipo de gobierno de la comisión en la última sesión, donde los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista y Vox votaron conjuntamente para recusar a todos los miembros de Sentir Aranda, así como a representantes de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida.

Una comisión especial cuya última reunión tuvo lugar el pasado 2 de marzo. Se formó para esclarecer, entre otras cosas, los hechos que rodearon la dimisión de la exportavoz de Sentir Aranda, María de las Viñas Ortuño, en enero de 2025; acompañada de un escrito denunciando gritos y faltas de respeto por parte del alcalde arandino e indefensión ante posibles irregularidades en la gestión del equipo de gobierno. La comisión también tendría que abordar algunos intentos de contrataciones laborales cuestionables y el deterioro del clima laboral en el seno del Ayuntamiento.

 

“Una caza de brujas política”

Con esta frase la edil Belén Esteban califica lo que está ocurriendo en los grupos PP, PSOE y Vox contra el equipo de gobierno. Desde Sentir Aranda aseguran que la oposición ha manipulado la información y que, si la comisión está paralizada, es porque los representantes de los tres grupos de la oposición votaron a favor de expulsar a todos los miembros del equipo de gobierno del órgano interno que se creó. Del equipo de gobierno sólo votó en contra el concejal Guillermo López, efectuando el resto de integrantes su abstención.

La propia presidenta, la edil de Sentir Aranda Ana María Hervás, dejó claro antes de la votación que se estaba tratando de una acción ilegal, ya que la comisión no tiene competencia para recusar a todos los miembros de un órgano político. Pero aún así dio paso a realizarla.  “Nos han echado aquellos que nos acusan permanentemente de coartar su participación política y su derecho de expresión. Además, todas las personas que podríamos haber citado como testigos, hasta seis por cada miembro de la comisión, no podrán intervenir. Solo se escucharán los testimonios que quieran PP y Vox”, denunció Esteban.

La concejala también señala que la oposición ha ignorado otros puntos de investigación esenciales: el clima laboral en el Ayuntamiento y los intentos de contratación que fueron archivados por el fiscal. “El PP, PSOE y Vox se centran exclusivamente en atacar a nuestros compañeros, mientras que otros problemas importantes que afectan a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento no se investigan”, agrega.

Belén Esteban recuerda que este tipo de situaciones no son nuevas en Aranda de Duero. Durante el mandato actual, ya se han producido bloqueos similares en otras comisiones, como la de Presupuestos en 2024 donde la oposición salió en desbandada o la de Medio Ambiente, donde la oposición directamente no acudió a una comisión. “Ahora es la más grave porque directamente se nos expulsa y se nos impide participar políticamente”, afirma Esteban. La concejala también denuncia que la oposición ha ignorado las denuncias de acoso laboral y faltas de respeto hacia trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo casos graves en Bomberos y CEAS, y que la comisión podría haber sido una herramienta para prevenir estas situaciones en el futuro.

 

 “Votación ilegal y manipulación de la información”

Guillermo López, portavoz del equipo de gobierno y único miembro que votó en contra de la recusación el 2 de marzo, asegura que la comisión no puede recusar a todo un grupo de personas y que solo el Pleno municipal tiene autoridad para decidir sobre la continuidad o disolución de la comisión. López señala que la nota de prensa del PP manipula la realidad, afirmando falsamente que la comisión estaba paralizada de facto y cuestionando su validez jurídica.

“El acta demuestra que la presidenta levantó la sesión, no disolvió la comisión. La oposición ha utilizado su mayoría para expulsarnos y bloquear nuestra participación política, lo que constituye una vulneración de derechos y un acuerdo ilegal”, explica López, quien defiende que el equipo de gobierno recurra al contencioso-administrativo para corregir el acuerdo ilegal y garantizar la participación de todos los concejales. “Sólo así podremos retomar la comisión y proteger los derechos de los concejales y la transparencia institucional”, subraya.

 

Próximos pasos y recurso contencioso-administrativo

El equipo de gobierno enfatiza que su recurso tiene como objetivo garantizar la legalidad y el derecho fundamental de participación política, tal como recoge el artículo 23 de la Constitución. Sentir Aranda asegura que recurrirá a los tribunales para que se anule el acuerdo ilegal de la comisión y se permita la participación de todos los concejales del equipo de gobierno. “Nos hemos visto obligados a acudir a la vía contencioso-administrativa porque la oposición ha utilizado su mayoría para impedir nuestra participación y manipular la información sobre la comisión. Esto no es solo un ataque político, es una vulneración de derechos fundamentales”, concluye Guillermo López.