Se recurrirá la sentencia contra la orden de horas extras de los bomberos en contra de la opinión del equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Aranda de Duero recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Burgos en contra de la obligación por parte del Ayuntamiento a que los bomberos realizasen horas extras. Y lo hará a pesar de que el equipo de gobierno está en contra, debido a que no hay tiempo para tomar otra decisión.

Eso es el resumen de la rueda de prensa que la concejala de Personal, María de las Viñas Ortuño, ha ofrecido hoy junto a su homóloga de Urbanismo, Ana María Hervás, tras la comisión extraordinaria que ha tenido lugar hoy para abordar el tema con los grupos municipales.

Ortuño no entiende que sobre una sentencia que se remonta a finales de septiembre se haya tenido que enterar hace apenas dos días (el martes) de que la Secretaria municipal iba a solicitar al bufete de abogados externo, que da servicio al Ayuntamiento, un informe en aras de recurrir la sentencia que fue emitido ayer miércoles cuando el plazo para recurrir termina el próximo lunes, in extremis.

El abogado que ha emitido el informe y el elaborado por la propia Secretaria aconsejan que hay que recurrir. Ya no cabe recurso ordinario, así lo señalaba la anterior sentencia, pero se ha optado por un recurso ordinario de apelación. Y si en la anterior sentencia las costas fueron de 1.000 euros, lo que costará la siguiente está por descubrir. Porque ahora, el recurso tendrá que hacerse  sí o sí “porque no podemos ir en contra de los informes”, explica la portavoz.  

Pero al equipo de gobierno le hubiese gustado tener una segunda opinión técnica y en base a criterios jurídicos para tomar una decisión. Porque en su ánimo no está en “seguir perdiendo el dinero de los arandinos en juicios”, sino que aboga por otras formas de actuar. “Queremos evitar los conflictos y negociar usando otros mecanismos como la negociación y la mediación”, explica la edil de personal, incidiendo en que los temas judiciales “deben hacerse con garantías y no derivar en otros tipos de perjuicios”.

La actuación de la secretaria es, para la concejala “una falta de respeto hacia mi persona como presidenta de Personal, como concejala y como miembro de la corporación”. Y pide “que se me consulte cualquier decisión que se tome en le concejalía de Personal” y que se dé traslado a los informes “con la máxima celeridad posible”. “Hay que tomar consciencia de que los plazos hay que manejarlos de otra manera, no puede ser que se diga ahora que antes se hacían verbales si son preceptivos”, prosigue Hervás.

¿Y en qué se basa el recurso? Viene a decir que la sentencia no clarifica si el Tribunal habla de horas extras obligatorias, cuyo límite legal está establecido en 80 horas al año, o de horas voluntarias.

“El punto principal es que todos somos conscientes de que esta sentencia puede afectar a otras áreas, nuestra apuesta es trabajar con los colectivos desde ámbito del entendimiento y acercar posturas, un campo nuevo que evite llegar a las vías judiciales”, termina diciendo Hervás, explicando que “si no hubiera habido informe hubiéramos seguido trabajando sin recurrir”.