Toros Ricor no tenía obligación de ofrecer feria taurina en 2022 en Aranda

El Tribunal Contencioso Administrativo de Burgos lo tiene claro: la plaza de toros de Aranda no tiene licencia de apertura y, por muchos vericuetos que intente el Ayuntamiento de Aranda, para utilizar la plaza es necesario que se realice antes una inspección final para ver si la obra realizada se adecúa al proyecto presentado por la empresa Toros Ricor para su edificación y así otorgar los permisos.

De esta manera los tribunales dan un nuevo parapalo al Consistorio arandino, que este verano quiso retrotraer las actuaciones relativas a la licencia de primera ocupación para conseguir así que conservase la licencia de apertura en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anuló el acuerdo tomado por Junta local en 2014 donde se otorgaban estos permisos.

A través de un auto dictado por este juzgado burgalés, sí que permite al Ayuntamiento de Aranda retrotraer las actuaciones al momento de realizar una visita final de las obras, pero anula los otros dos puntos que se aprobaron este verano con el objetivo de conseguir que la feria taurina de septiembre se desarrollase.

Así, el juzgado anula que se permita utilizar la plaza. El Ayuntamiento alegó que el TSJ anuló la licencia de ocupación, pero no la de apertura. En ese sentido el auto recientemente dictado recuerda que en la sentencia de apelación se anuló un administrativo “único”, el de la Junta de gobierno de septiembre de 2014 “que contenía licencia de primera ocupación y de apertura”. “Al anularse dicho acto tanto se anula una licencia (la de primera ocupación) como la otra”, advierte.

También se anula la decisión municipal (de 2022) de desestimar la solicitud de la licencia que Toros Ricor hizo en 2014. En este aspecto el Tribunal asegura sentirse “sorprendido” por el argumento que esgrime el Ayuntamiento.

Esa decisión “viene a disponer que en realidad aun cuando fue concedida licencia de apertura, el Ayuntamiento entiende que esa licencia no era necesaria al considerar que la plaza ya era posible su uso simplemente por la comunicación de inicio realizada por la empresa el 2-9-2014. Y lo que sorprende al juez es que “si ello hubiere sido así, poco sentido tendría que el propio Ayuntamiento hubiera otorgado la licencia de apertura en el acto administrativo que luego fue objeto de anulación”.

Con este auto el empresario de la plaza tiene un as en la manga, porque la no existencia de licencias le exime de la obligación de realizar la feria taurina de 2022, por lo que podría evitar una posible sanción por parte del Ayuntamiento. A pesar de ello, la puerta de este culebrón sigue abierta, ya que ha lugar a recursos para un caso que, reconoce el juez, es complejo.