El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Burgos acaba de pronunciarse ante el recurso presentado por la Plataforma de la plaza de toros de Aranda, que ponía en entredicho la concesión de la licencia de primera ocupación y la de apertura de la plaza de toros. El resultado: un varapalo para la Plataforma, a la que quita la razón, y un espaldarazo al Ayuntamiento, sobre todo a la alcaldesa y los concejales Alfonso Sanz, Azucena Esteban y Mariángeles Marín que en septiembre de 2014 aprobaron en Junta de Gobierno el permiso.
Una decisión judicial con la que, espera la alcaldesa de Aranda, “hayan terminado años de persecución jurídica y mediática contra mí y contra las cuatro personas valientes que tomamos una decisión que de no haber sido tomada hubiese costado una millonada a este Ayuntamiento”. Y es que, recuerda Raquel González, que “teníamos dos demandas patrimoniales encima de la mesa cuando dimos esta licencia: una demanda de ocho millones de euros de responsabilidad patrimonial por no tener la licencia y además otra demanda de responsabilidad patrimonial porque en lo que un técnico dijo que la alineación estaba bien otro técnico dijo que estaba mal y obligó a deshacer unas obras que ya habían sido avaladas por un técnico municipal”.
Por tanto, justifica que la aprobación de la licencia “fue necesaria y obligatoria para el interés de la población” y que los cuatro ediles que votaron a favor (el resto de componentes del equipo de gobierno eran Celia Bombín, Diego Velázquez, Ángel Calvo y Javier Rojas, que se desmarcaron y no asistieron) lo hicieron “convencidos de que era legal tras 20 informes jurídicos y 44 técnicos”.
González acusa al equipo de gobierno anterior a su mandato, liderado por el PSOE, de haber tomado una “nefasta decisión” con la venta de los terrenos. Ella no participó en el voto y el PP votó en contra, recuerda, “pero como un bumerán los problemas en los que te has querido abstener terminan volviendo”.
Daños personales
“Hemos estado callados porque confiábamos en la justicia y creo que nos ha dado la razón”, comenta la alcaldesa de Aranda, recordando que los cuatro concejales que aprobaron la licencia y sus familias “hemos sufrido mucho y hemos estado sometidos a presiones de todo tipo a pesar de que cuando tomamos la decisión conocíamos el borrador de la auditoria que ponía el Ayuntamiento en muy mal lugar en la tramitación licencia”. Y es que desde el primer momento, advierte “se sabía que había sido imposible la construcción de un aparcamiento subterráneo en la ARU 32”.
Incluso por medio ha habido denuncias por injurias. “Me acusaron de ser una corrupta, denuncié, me querellé y una persona de la Plataforma reconoció haberme llamado corrupta. Llegamos hasta el punto de que el mismo día de la vista le pedían 3 años de prisión y me retiré de la acusación para que esta persona no tuviera que someterse a la vista del juicio”, recuerda Raquel González, asegurando que aunque “ese día entre los abogados se hizo un pacto de caballeros de no acusarnos más por la vía penal, sino de hacerlo todo por la vía administrativa, sin embargo después de retirar la querella se nos volvió a denunciar criminalmente a través de la Fiscalía de Medio Ambiente. Afortunadamente en esta segunda ocasión no tuvimos que ir ni siquiera a declarar”, puntualiza.
La Plataforma, que además de perder el recurso es condenada al pago de 800 euros en costas, tiene un plazo de 15 días para interponer un recurso de apelación.
Casa de guardés y aparcamientos
De momento la casa de guardés adosada a la plaza de toros sigue sin contar con la licencia de ocupación, ya que este inmueble de Toros Ricor se rechazó a la hora de otorgar el permiso. “Si la quiere solicitar lo tiene que tramitar, y será un edificio sin licencia”, comenta la alcaldesa.
Con respecto al aparcamiento, tras no hacerlo en el subsuelo de la plaza, finalmente Toros Ricor construyó un parking al aire libre. Ahora es el momento, asegura Raquel González, de inscribir esa parcela a nombre del Ayuntamiento, pasando a formar parte del patrimonio municipal.
Sobre el museo taurino, la instalación de tres piscinas cubiertas, un jacuzzi, un centro de talasoperapia y un gimnasio que contemplaba el proyecto, la alcaldesa arandina señala que nada hay que hacer porque el contrato señalaba que esas instalaciones se harían “si el Ayuntamiento lo considera de interés”. “Y el Ayuntamiento nunca ha tenido un pronunciamiento sobre ello”.
Eso sí, lo que se quiere es comenzar a utilizar los 12 días gratuitos al año que le corresponde a los arandinos según establece el contrato de compra-venta. “Vamos a estudiar posibilidad de utilizarla, los ciudadanos tienen que empezar a normalizar porque bastantes años hemos tenido secuestrados con este problema jurídico”.
Imagen: La alcaldesa de Aranda y el concejal Alfonso Sanz. / BC
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