El Ayuntamiento de Aranda de Duero tendrá que pagar a una trabajadora municipal los gastos legales motivados por un procedimiento judicial que se iniciaba en el anterior mandato. Explican desde el equipo de Gobierno que esta empleada “fue injustamente sometida” a un procedimiento penal iniciado por una denuncia.
Ahora, el juzgado de instrucción número 1 de Aranda acaba de dictar auto de sobreseimiento libre y ha archivado la causa, confirmando la falta de fundamento en la denuncia de unos hechos que, según la juez, no constituían delito alguno. Por tanto, ahora el Ayuntamiento deberá abonar a la trabajadora la cantidad de 2.500 euros por los gastos legales.
Desde el actual equipo de gobierno se asegura que “lamentamos profundamente la persecución a la que fue sometida esta trabajadora, quien ha visto manchado su honor y su trayectoria profesional por decisiones arbitrarias del anterior equipo de gobierno”. Se alegran de que “la justicia haya restaurado su buen nombre” y reafirman su compromiso con el respeto y la protección de los empleados municipales.
Advierten que no sólo se han generado daños y perjuicios a una trabajadora pública, sino que además se ha producido un perjuicio económico para el Ayuntamiento, obligando a asumir con dinero público “los costes judiciales derivados de una acción injustificada”.
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