Una deuda de más de 22.000 euros desaparece para una vecina de Aranda

Una vecina de Aranda de Duero ha conseguido quedar libre del pago de una deuda que superaba los 22.000 euros gracias a la aplicación de la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas cuando cumplen determinados requisitos.

La decisión ha sido dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Burgos, que ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), lo que en la práctica supone la cancelación total de las deudas pendientes tras la declaración de concurso de acreedores.

En este caso, la deuda no fue generada directamente por la afectada, sino que derivaba de su condición de avalista de una empresa que cesó su actividad y no pudo devolver los créditos. Tras el impago, los acreedores iniciaron reclamaciones judiciales y extrajudiciales contra ella para recuperar el dinero.

La situación provocó una fuerte presión económica y personal sobre la vecina, que tuvo que reincorporarse al mercado laboral pese a su edad, sin que sus ingresos fueran suficientes para hacer frente a las deudas acumuladas.

El procedimiento ha permitido además el archivo de una ejecución judicial que permanecía abierta desde el año 2009, también vinculada a su papel como avalista en otro crédito bancario.

El abogado encargado del caso, Sergio Moreno Tablado, destaca la complejidad del procedimiento y la situación de la clienta. En sus palabras, el caso se caracterizaba porque “la deuda no había sido ocasionada por ella, sino por un tercero, lo que añadía una especial dificultad al procedimiento”.

La defensa argumentó que la situación reunía los requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, especialmente la ausencia de patrimonio suficiente y la insolvencia acreditada. El juzgado ha estimado la solicitud, permitiendo la cancelación total de la deuda sin necesidad de un plan de pagos.

Este mecanismo legal, reformado en 2022, está diseñado para ofrecer una salida a personas físicas en situación de insolvencia, siempre que actúen de buena fe y cumplan los requisitos establecidos. Su simplificación ha facilitado en los últimos años el acceso a la exoneración de deudas.