¿Unas normas legales?

¿Son unas normas legales? Eso es lo que se preguntan los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda de Duero y lo que, en principio, ha dejado en entredicho el secretario municipal. Porque la moción de urgencia que presentaba el PP arandino en el Pleno ordinario correspondiente al mes de marzo para incluir una normativa para el funcionamiento de la comisión de investigación, que se ha creado para abordar la dimisión de María de las Viñas Ortuño como concejala, plantea dudas.

Fue el secretario de la sesión plenaria el que puso de manifiesto que la organización de una comisión no es atribuible al Pleno cuando esta está ya está creada. “Sí que lo tiene en la creación donde se pueden definir unas normas, pero si no se hace ahí las normas de funcionamiento serán las mismas que en las comisiones. El pleno es incompetente para adoptar normas a no ser que se modificase el régimen orgánico municipal”, señalaba.

A pesar de este impedimento sobre la legalidad, la moción se debatió y finalizó con los once votos a favor de los grupos de la oposición (PP, PSOE y Vox) frente a los 10 del equipo de Gobierno (Sentir Aranda, Podemos- IU y Ciudadanos) y del concejal no adscrito Alberto Marcos.

Desde el PP avalan la presentación de esta moción porque en la comisión que se celebró el pasado 6 de marzo “quedó todo en el aire” con “imperativos” de la presidenta Ana María Hervás, aseguraba el edil José María Jimeno. Por eso, indicaba, decidieron elevar al Pleno “unas normas básicas para que la comisión pueda empezar a funcionar”. 

En respuesta, la presidenta de esa comisión, Ana María Hervás, manifestaba que lo que se pretendía votar “no es legal” en base a lo que señalaba el secretario, y aseguraba que si en esa reunión del 6 de marzo “todo quedó en el aire” es “porque ustedes se dedicaron a bloquear cada uno de los puntos”. Apunta una excepción, la de la concejala de Vox Alejandra Medina. “Ustedes sólo pedían informes jurídicos, por lo que se quedó en aportar propuestas sobre el funcionamiento para que fuesen informadas y hasta ahora no han mandado nada”. “Lo que quieren hacer aquí es fraude de ley y es ilegal”, recalcó.

La comisión de investigación no sólo abordará los motivos esgrimidos por la exconcejala de Personal María de las Viñas Ortuño en un escrito junto a su dimisión, sino que también abordará los últimos intentos de contrataciones laborales por parte del equipo de gobierno y el deterioro del clima laboral en el Ayuntamiento. “También hay que saber por qué no está la secretaria general y la interventora general, o qué pasó con la administrativa de Educación y cómo se la trató”, apuntaba el portavoz del PSOE Ildefonso Sanz.

 

¿Qué dice el funcionamiento básico aprobado?

La propuesta del PP incluye una serie de normas para el desarrollo de la comisión de investigación, sólo para el periodo en el que ha gobernado el tripartito liderado por Sentir Aranda, desde el 17 de junio de 2023, dejando fuera etapas anteriores. Es algo que no ha gustado mucho al equipo de gobierno, señalando que la situación de deterioro en el clima laboral puede venir de más atrás.

Señala que el orden y duración de las intervenciones de los concejales en la comisión serán idénticos que las comisiones ordinarias y que las sesiones tendrán una duración ilimitada. Eso sí, que las personas que comparezcan ante la comisión (ya sea la propia Ortuño o trabajadores y concejales municipales) no tendrán límite de tiempo, aportando los documentos que considera y pudiendo acudir acompañado de una persona que le asista.

Si las personas llamadas a la comisión abandonan la sesión podrán ser citadas de nuevo, y se establece que el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos que supongan para la persona que se persone una vez justificados. Y en el caso de los empleados públicos, si acuden fuera de su jornada laboral, se abonará el tiempo correspondiente o se hará la compensación horaria correspondiente.

También incluye la forma en la que se notificarán las comparecencias: con siete días de antelación. Y la forma sobre cómo actuar si la persona no acude: si lo comunica y está justificada la ausencia la cita se aplazará o se podrá solicitar una declaración escrita. En caso de no presentarse sin justificación, se procederá a una segunda citación antes de dejar constancia de su no colaboración.

Como máximo, cada miembro de la comisión fijará un máximo de seis comparecientes y se fija una periodicidad de al menos una comisión cada dos semanas.