Varios concejales recibieron retribuciones inadecuadas en el Ayuntamiento de Aranda de Duero en el mandato anterior y ahora se pide que las devuelvan. No es su culpa, sino que todo se debe a actos administrativos que no se hicieron debidamente, errores técnicos que pasaron por dar por válidas dos decretos de alcaldía cuando no se tendría que haber hecho. Es lo que ocurre con tres concejales del mandato anterior: Carlos Fernández y Cristina Valderas del PP y Vicente Holgueras.
El fallo lo detectó hace apenas tres meses el portavoz del grupo socialista, Ildefonso Sanz, porque esta situación se estaba dando también en el actual mandato con la concejala Belén Esteban. Sin tener voto en la Junta de Gobierno, estaba recibiendo dinero por asistir a ella cuando no debería haberlo hecho. Del mismo modo se ha dado en otros mandatos, pero la revisión de oficio sólo se ha hecho para los cuatro años anteriores, los que no se han prescrito.
Belén Esteban ya ha devuelto las cantidades percibidas de más, pero ahora queda reclamar el pago que se ha efectuado por las arcas municipales a los otros tres concejales: Cristina Valderas, Carlos Fernández y Vicente Holgueras. En el caso de este último se dio una doble equivocación, ya que entre junio de 2019 y diciembre de 2021 se daba el mismo caso, pero desde cuando fue expulsado de Vox para convertirse en un edil no adscrito un decreto le permitió votar en las comisiones y, en base al pacto antitrasfugismo, se entiende que esa orden no se debiera haber dado porque podría parecer que favoreciese con su voto al equipo de Gobierno a cambio de la remuneración.
El pleno celebrado la tarde de este jueves, el correspondiente al mes de enero, abordaba la declaración de lesividad del decreto que la anterior alcaldesa firmó en diciembre de 2021 para que Vicente Holgueras pudiese tener voto en las juntas de Gobierno, a las que acudía hasta ese momento sin tenerlo, motivado por su expulsión de Vox y al pasar a concejal no adscrito. Se entiende que en el futuro llegarán los expedientes de los otros dos afectados con su consiguiente derivación al Tribunal contencioso administrativo.
“Estoy seguro que no se ha hecho de mala fe, sino de buena fe, pero se ha puesto sobre la mesa que se puede estar cometiendo una ilegalidad y se obliga a revisión de todo lo que no ha prescrito”, explica el alcalde Antonio Linaje, alegando que únicamente se trata “de una cuestión técnica”.
La pregunta más interesante llegaba de manos del portavoz de Vox Sergio Chagartegui, cuando expresaba sus dudas sobre qué pasará con todos los acuerdos que se aprobaron en Junta de Gobierno gracias al voto de Vicente Holgueras. “Pudo suponer un quórum para la toma de decisiones y cumplimientos que pudieran no ser legales. ¿Se puede suponer que también sean lesivos todos los acuerdos en los que su voto hizo quórum?”, cuestionaba.
La respuesta la dio el secretario, dejando claro que nada está claro valga la redundancia: “Los efectos que tienen sobre si hay presunción de legalidad de los actos de administrativos aprobados con quórum no se sabrán mientras no se revisen de oficio; habría que ver, si alguien denuncia, caso por caso”, explicaba.
Vox votó, por tanto en contra, al igual que hicieron los cinco concejales del PP entendiendo que se trata de una persecución contra su partido.
Alegaciones de Holgueras
Por parte del aludido, Vicente Holgueras, este presentó una solicitud para desestimar la declaración de lesividad, algo que no se hizo teniendo en cuenta que se aprobó gracias a los concejales del equipo de gobierno y la abstención del PSOE. En su escrito se pedía que se archivase el procedimiento señalando que el decreto fue legal con informes jurídicos favorables.
Holgueras califica este procedimiento de “hostigamiento político, carente de fundamento objetivo, perpetrado por el alcalde y la secretaría general del Ayuntamiento” y recuerda que esta situación “ha causado un perjuicio económico significativo en mi actividad profesional, además de vulnerar mis derechos personales y profesionales”.
Porque recuerda que su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno Local fue realizado conforme al procedimiento administrativo vigente, “sin que yo interviniera de manera directa en el mismo” y con informes jurídicos favorables.
Otros puntos aprobados
El primer Pleno ordinario del año finalizó con la aprobación de la solicitud por parte de Aranda de Duero –junto a los ayuntamientos de Baños de Valdearados, Fuentespina, Tubilla del Lago, Vadocondes y Villanueva de Gumiel- al Ministerio de Transición Ecológica para conseguir ayudas europeas encaminadas a la gestión integral del ciclo del agua. Todos los concejales votaron a favor a excepción de los cuatro del PSOE que se abstuvieron.
La sesión plenaria también aprobaba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo municipal de 2012 para la contratación de un viceinterventor. El nuevo trabajador colaborará así en el área de intervención en labores tales como asesoramiento, elaboración de nóminas, cobro de facturas, informar sobre presupuestos o la ansiada Relación de Puestos de Trabajo nueva.
Fue en el Pleno en el que la integrante de Sentir Aranda, Amaya Sanz, tomaba posesión de su acta como concejala tras la dimisión de María de las Viñas Ortuño. Lo hará también cono responsable de las áreas de Turismo, Comercio y Consumo.
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