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El Procurador del Común de Castilla y León ha actualizado su listado de administraciones no colaborativas, en el que figuran varios ayuntamientos de la Riber del Duero por incumplimientos relacionados con la falta de respuesta a requerimientos o resoluciones de la institución.
Entre los municipios incluidos por incumplir la obligación de informar se encuentran los ayuntamientos de Aranda de Duero, Gumiel de Izán, Quintana del Pidio y Tórtoles de Esgueva.
En el caso del Ayuntamiento de Aranda de Duero, la inclusión se produce en el marco de un expediente relacionado con vivienda de renta limitada y una constructora benéfica, tras solicitudes de información registradas y varios apercibimientos previos, incluido uno de posible responsabilidad penal.
Precisamente en la última sesión plenaria acudía una ciudadana solicitando información sobre ello y anunciando la intención del Procurador del Común. La concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, señalaba que el problema en este expediente residía en que la constructora benéfica fue a través de un patronato que en estos momentos no existe, por lo que será necesario regular la situación antes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Gumiel de Izán figura por un expediente relativo a deficiencias en pavimentación y alumbrado público, mientras que el de Quintana del Pidio lo hace por cuestiones vinculadas al proyecto de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). En el caso de Tórtoles de Esgueva, la falta de respuesta está relacionada con la solicitud de un certificado administrativo.
El listado también incluye al Ayuntamiento de Hontangas por no dar respuesta a resoluciones emitidas por la institución en un expediente relativo a la ocupación de un espacio público. Según el Procurador del Común, la administración local no contestó a varios requerimientos pese a reiteradas solicitudes, en un caso que afecta a una estructura deteriorada y con riesgo para los peatones.
Asimismo, el Ayuntamiento de Nava de Roa figura por no atender una resolución relacionada con tráfico y seguridad vial, en la que vecinos reclamaban medidas para reducir la velocidad en la travesía urbana. El organismo autonómico ya había recomendado la adopción de medidas correctoras ante la falta de justificación técnica de la negativa municipal.
El Procurador del Común recuerda que la inclusión en este registro se produce tras reiterados apercibimientos y constituye un mecanismo de advertencia institucional ante la falta de colaboración de las administraciones con la labor de supervisión y defensa de los derechos de los ciudadanos.
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