Son 32 empleados y perderán su puesto de trabajo el día 14 de agosto si no se solventa la prórroga del contrato municipal del servicio de parques y jardines. Esa continuidad se rechazó el pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento y los trabajadores salido a la luz pública para denunciar su situación. La suspensión del contrato dejaría a los trabajadores en la calle y el Ayuntamiento debería afrontrar un gasto de 800.000 euros en indemnizaciones.
“Esto es un juego político que se tiene que dar, pero no puede significar que acabe con puestos de trabajo de personas que tienen hipoteca, cargas familiares y facturas que pagar. La política imperante no puede hacer que 32 familias se queden sin sustento”, ha afirmado el representante sindical de los trabajadores, Jonathan Gete, quien también lo trasladó a la Junta de Portavoces el pasado viernes.
Por ello, espera que los partidos políticos recapaciten y la prórroga se pueda aprobar el próximo jueves en una convocatoria extraordinaria de pleno. “Nos da igual el color político, hemos acordado emprender todas las medidas que estén en nuestra mano”, insiste Gete.
En esta línea, califica como “incomprensible” lo que se vivió en el último pleno. “Que en el mismo pleno en el que se aprueba un moción de apoyo a las trabajadoras de Digitex, que desde aquí también les mostramos nuestro apoyo, se vota en contra de una prórroga que supone el despido de 32 empleados”, opina.
Respecto a los argumentos esgrimidos por algunos partidos políticos para su voto en contra, en los que se habla de que los jardines no están bien cuidados, el representante de los trabadores mantiene que “entendemos esas críticas, pero bajo ninguno concepto vamos a permitir que se nos achaque eso, porque trabajamos para una empresa privada que tiene unos trabajadores que cumplen”. En esta línea, Gete culpa al Ayuntamiento de esa situación ya que “no ha invertido en la mejora de parques y jardines desde hace años. No hay nada más que ver cómo están” Coinciden también con las críticas de algunos grupos políticos en el nulo control municipal durante años sobre esta contrata.
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