Aranda de Duero sigue sin contestar a las peticiones del Procurador del Común

El Procurador del Común de Castilla y León vuelve a poner en entredicho la mala respuesta que obtiene por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero a sus peticiones. En el informe correspondiente a 2021 que Tomás Quintana presentaba en las Cortes hace unos días se refleja la existencia de dos expedientes en los que el Consistorio arandino no ha contestado a las peticiones de información en la fase de investigación de las quejas.

En octubre de 2021 se solicitaba información al Consistorio ante la denegación de una licencia urbanística para la construcción de una vivienda familiar tras una solicitud de información y dos apercibimientos. A ello se sumaba un apercibimiento de inclusión en diciembre de 2021 ante un nuevo caso, también en materia de urbanismo, por la construcción de edificios fuera de los límites.

Pero las quejas se sumarán a las del año pasado, ya que 2022 lo inauguraba con un nuevo expediente en materia de Medio Ambiente, por las molestias causadas por una pista de pádel. En esta última advertencia se señalaba que se podía estar cometiendo una posible responsabilidad penal.

Otro varapalo se dirige a otro ayuntamiento ribereño, en este caso al de Araúzo de Salce, pero en este caso por no contestar a recomendaciones, recordatorios o sugerencias del Procurador del Común en otros 2 expedientes. Se trata de la falta de respuestas ante solicitudes que les llegaban por parte de ciudadanos.

 

Resoluciones

La memoria del Procurador del Común incluye asimismo cuatro resoluciones en los que Aranda y Araúzo de Miel se ven afectados.

En el caso de Aranda de Duero, la primera aborda la denegación de la licencia de obra para la instalación de un ascensor, un expediente que se remonta a 2017. En 2019 el Procurador solicitó información sin respuesta alguna a sus peticiones hasta en cuatro ocasiones. En 2021 se volvía a solicitar.

La segunda se centra en una solicitud de prestación económica para la atención de necesidades básicas en situación de urgencia social. La persona que la realizaba lo hizo en tres ocasiones en 2020, al obtener respuesta negativa se dirigió al organismo regional, que pidió información sobre el expediente. Un informe municipal contestó a la petición explicando los motivos de la denegación.

Y la tercera se refiere a la reserva de plazas para personas con discapacidad sugiriendo que la oferta de empleo público del Ayuntamiento incluyese un cupo no inferior al 7% de vacantes para ser cubiertas con personas con discapacidad.

En lo que se refiere a Araúzo de Miel, la resolución se centra en la falta de ejecución en su totalidad de un camino de acceso a fincas rústicas al realizar la zona de concentración parcelaria. El afectado solicitó la intercesión del Procurador del Común, y el Ayuntamiento indicó que era la administración autonómica la que debía solucionar el problema al tratarse de un proyecto de esa entidad. La resolución señalaba que el Ayuntamiento era el que debía ejecutar los trabajos para que se garantizase la circulación y que se valorase la prolongación del camino, al ser de titularidad municipal.