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Comarca

Continúa la espera por la normativa de purines

Los técnicos del Ayuntamiento están estudiando las alegaciones presentadas en mayo

20/11/2017 15:45 | Raquel Carcedo
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La ordenanza municipal que establece las actuaciones sobre el uso de purines, estiércoles y lodos se aprobaba en la sesión ordinaria de pleno del pasado mes de febrero. Y desde que tres meses después se presentaran alegaciones a la misma por parte de la Junta Local Agraria, su puesta en marcha continúa en estado de espera.

Con medidas como la restricción de que los vertidos de dichas sustancias solo se puedan realizar en fincas rústicas de labor y su puesta bajo tierra en un periodo máximo de 24 horas para evitar que los malos olores se extiendan o la prohibición del estacionamiento y tránsito de vehículos que transporten ese tipo de productos en todo el casco urbano, el texto también establece sanciones de hasta 750 euros para las infracciones leves, 1.500 para las graves y 3.000 para las muy graves.

El establecimiento de zonas de exclusión y franjas de seguridad es el punto que más controversia ha creado en las distintas comisiones previas a su aprobación. Así, según se recoge en el documento, son las corrientes de aire las que se tienen que tener en cuenta para plasmar un mapa en el que se indiquen las distancias mínimas en las que no se pueden realizar vertidos. Y como el predominio de los vientos en la capital ribereña vienen del oeste, la distancia de 500 metros mínima al suelo urbano, tanto residencial como industrial, se amplía precisamente en ese punto cardinal, donde se encuentran situados los polígonos industriales Allendeduero y Prado Marina.

Tras la presentación de las alegaciones por parte de los afectados, en las que aseguran que las medidas “son muy restrictivas”, son los técnicos del Ayuntamiento arandino los que en la actualidad están trabajando en la redacción de informes que arrojen una solución a esta cuestión. “Tenía que haber ido mucho más rápido”, comenta el edil de Ciudadanos Francisco Martín Hontoria. “Este asunto tiene que desatascarse”, apostilla.

“Este sector económico aporta mucha riqueza a Aranda y a la comarca ribereña. Por ello, desde las administraciones se le debería apoyar y no perseguir. Se deberían tener en cuenta las alegaciones presentadas”, comenta José Manuel de las Heras, Presidente de la Cámara Agraria, entidad que “apoya al cien por cien a la Junta Agraria Local”.

Por su parte, desde la Concejalía de Medio Ambiente, su responsable Alfonso Sanz asegura que “la intención es adaptarnos a la normativa europea”, aunque entiende que se trata de medidas -como la que supone el enterramiento de los vertidos- que conllevan una gran inversión en maquinaria por parte de las empresas afectadas y que supondrán “bastante tiempo hasta su incorporación”. En lo referente a la calificación de “medidas restrictivas” llevada a cabo por el colectivo empresarial afectado, Sanz responde que “para la correcta convivencia de los vecinos es necesario actuar contra aquellos que lo están haciendo mal y no respetan a los demás”.

 

 
 
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