El canal de Aranda tendrá la auditoría de los últimos seis años

La comunidad de regantes del canal de Aranda hará una auditoría de sus cuentas de los últimos seis años. Ese es uno de los acuerdos que se ha adoptado en la última asamblea general, donde se presentó el presupuesto de una empresa al que se añadirán otros más antes de tomar una decisión de la que se contratará finalmente.

Lo que está claro, explica el presidente de la comunidad elegido el pasado mes de septiembre Emilio Rojo, es que eso supondrá un coste de entre 18.000 y 22.000 euros que repercutirá en los regantes. Un gasto que se hará para acallar a las personas que se sitúan en el bando del anterior presidente de los regantes, que denuncia unas cuentas opacas a las que, aseguran, no han podido tener acceso.

“Esperamos tener la auditoría para dársela a conocer a los comuneros en marzo de 2023, que es cuando tendrá lugar la próxima asamblea”, señala Emilio Rojo. “La auditoría era una de las razones por las que el anterior presidente decía que no convocaba asamblea. Tuvo la potestad para hacerlo y nunca lo hizo. Creo que fue una excusa para alargar esto, y por eso, en cuanto hemos tenido capacidad de decisión hemos querido realizarla”, prosigue el secretario del Canal de Aranda, Ildefonso Casado, quien espera que “esperemos que con esto dejen de darnos guerra por ese lado”.

Porque la asamblea que tuvo lugar este miércoles no se suspendió, tal y como solicitó a los tribunales la persona que asegura ser el verdadero presidente de esta comunidad de regantes, Antonio Llorente. No fueron las fuerzas policiales y se celebró “con toda normalidad”, aseguran los convocantes.

 

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Entienden que era Emilio Rojo, y no Antonio Llorente, el verdadero vicepresidente de los regantes del canal de Aranda desde el año 2014, que no existe documentación legal que legitime el cambio de la vicepresidencia a Llorente, y que Rojo tenía plena potestad para convocar la asamblea. Porque, aunque el anterior presidente ya fallecido, Ángel Sancho, le destituyó como hizo con la secretaria Mónica Agüera, es algo imposible, ya que “sus cargos sólo se pueden quitar y poner la asamblea, ningún presidente, ni de comunidad ni junta, puede destituir a secretaria y vicepresidente”, explica el tesorero Javier Rojas.

 

Acusaciones y abogados

Por otro lado, tachan a la otra parte de estar “contando bulos a diestro y siniestro” acusando tanto a Emilio Rojo como a la secretaria Mónica Agüera “de haber robado a la comunidad”. No niegan que Rojo haya obtenido 16.000 euros ni de que a Agüera se le hayan transferido 14.000 euros, pero pasan a explicarlo como así está señalado en las cuentas: Rojo ha cobrado esa cantidad en concepto de dietas y kilometraje durante el periodo de 2017 a 2019 como así está ratificado en los estatutos desde 2014. Por su parte, Agüera fue la persona a la que se le adjudicaron los trabajos de actualización del padrón por esa cantidad.

No entienden los comuneros, que asistieron a la última asamblea, que se estén pagando unas cantidades desorbitadas en un abogado contratando por el anterior presidente. “Ya en mayo de 2019 en asamblea se dejó claro que no era el letrado de la comunidad, pero se lo salta a la torera y sigue pasando facturas”, comenta Rojo.

La actual junta de gobierno asegura que con esta contratación y las denuncias y apelaciones interpuestas en el juzgado “quieren revolver y esquilmar económicamente a esta comunidad”.

Y lanzan un nuevo S O S a la Confederación Hidrográfica del Duero, asegurando que “tiene algo que decir y los males vienen porque la no dice nada”.

Entre tanto, anuncian que en los próximos días llevarán a cabo la contratación de las dos personas que bajo la presidencia de Ángel Sancho fueron despedidas para contratar a una empresa gestora con la que están muy desconformes.

 

Imagen: De izquierda a derecha Joavier Rojas, Emilio Rojo e Ildefonso Casado. / BC