El Consejo Regulador, preocupado ante la proliferación de granjas

La llamada a la puerta al Consejo Regulador por parte de varias bodegas de la Ribera del Duero ha tenido su efecto y, a través de un comunicado, muestra su preocupación ante la proliferación en la comarca de granjas de cerdos. También extiende su inquietud por los proyectos de energías renovables.

La instalación de granjas porcinas dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen, en terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos, no es entendible por el Consejo Regulador. “Porque estos ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vinícolas, a los que de alguna manera invaden, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Más aún cuando hay alternativas viables para que se ejecuten este tipo de instalaciones, pues estamos en un entorno rural en el que abundan otros terrenos que bien podrían albergarlas”, señalan en el comunicado.

Por ello, anuncian que han llevado una campaña para intentar buscar soluciones a las consecuencias de la posible instalación de esas granjas porcinas en terrenos próximos a bodegas y viñedos. Han acudido a diversos organismos y han mantenido conversaciones. La primera  con el Consejero de Agricultura para informar de la preocupación del sector. “Lamentablemente, la Consejería informó de que no puede intervenir cuando la granja cumple la normativa en vigor”, comentan.  Otra llamada de atención sobre la situación se ha realizado en el Ministerio de Agricultura.

También se han reunido con representantes de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino y de la Federación regional. “Se solicitó la ayuda y colaboración de esas entidades para intentar que los proyectos de granjas porcinas se instalen fuera de la DO, sobre todo cuando el lugar donde se establecen no es determinante, ni para su éxito ni para su rentabilidad. También se les informó de que el sector vitivinícola iba a defender sus intereses”, indican.

Las acciones comenzaron hace tres meses con la contratación de un estudio detallado sobre la normativa. Con él pretenden definir una estrategia urgente para “evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona, que es además uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la cultura del país, y que no se puede deslocalizar”, terminan diciendo.