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El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que reclama a la Diputación de Burgos que adopte de manera inmediata medidas para profesionalizar el servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, tras constatar importantes deficiencias en su funcionamiento actual.
La institución autonómica, que actuó a raíz de una queja ciudadana, señala que la mayoría de los parques de la provincia están atendidos por personal voluntario, lo que genera demoras en los tiempos de respuesta y falta de disponibilidad en algunas zonas rurales. Sólo Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro cuentan con parques de bomberos profesionales, mientras que las restantes 19 áreas dependen de efectivos voluntarios.
Aunque la Diputación reconoce esta situación y afirma que trabaja en avanzar hacia un modelo más profesionalizado, no ha concretado medidas, inversiones ni plazos. Tampoco ha aportado datos sobre los tiempos de actuación o la disponibilidad real de los equipos, lo que impide evaluar la eficacia del servicio.
El Procurador recuerda que los servicios de extinción de incendios son públicos y esenciales, y deben ser prestados por personal funcionario profesional, limitando el papel de los voluntarios a tareas auxiliares. En su resolución, insta a la Diputación a iniciar la transición hacia un modelo plenamente profesional, crear un Consorcio Provincial de Extinción de Incendios que permita una gestión unificada y coordinada, y mantener los convenios con los parques de Burgos, Aranda y Miranda por su importancia estratégica en la cobertura del territorio.
Además, el Procurador exige que se adopten medidas para garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta fijados por la Junta y que la coordinación interadministrativa sea efectiva en todos los casos.
Falta de colaboración institucional
El Procurador también ha emitido otra resolución de oficio en la que reprende a la Diputación Provincial por no haber respondido a tres requerimientos de información cursados en 2023 sobre este mismo asunto, lo que supone un incumplimiento de su obligación legal de colaboración.
Por este motivo, la institución ha decidido mantener a la Diputación de Burgos inscrita en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras. Aun así, parte de la información se pudo recabar a través de otro expediente tramitado a instancia de parte, en el que se incorporaron las mismas recomendaciones: reforzar la estructura operativa del servicio, mejorar la cobertura en las zonas rurales y avanzar hacia una dotación estable de personal.
El Procurador del Común recuerda en su resolución que garantizar un servicio de bomberos profesional, eficaz y equitativo en toda la provincia “no solo responde a un mandato legal, sino también al principio de igualdad de los ciudadanos ante los servicios públicos esenciales”.
Imagen de archivo: Bomberos de Torresandino en una actuación./ DR
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