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El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que insta a la Junta a acometer, con la mayor celeridad posible, obras de restauración y mejora en la carretera autonómica BU-131 a su paso por la localidad de Nava de Roa, tras constatar el deterioro del firme y los problemas de seguridad vial que presenta este tramo.
La actuación se deriva de la queja registrada por un vecino de la localidad, que alertaba del mal estado de conservación de la travesía. En la queja se pone de manifiesto que el asfalto se encuentra levantado en numerosos puntos, lo que dificulta notablemente la circulación de vehículos y provoca ruidos y vibraciones continuas en las viviendas colindantes, una situación que se agrava por la velocidad a la que circulan algunos conductores.
Admitida la queja a trámite, el Procurador del Común solicitó información a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que remitió un informe elaborado por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. En dicho documento se detalla que la travesía de Nava de Roa fue objeto de una reforma integral en el año 2005, dentro de un proyecto de acondicionamiento del tramo comprendido entre Nava de Roa y Mambrilla de Castrejón. Desde entonces, las actuaciones realizadas han sido las habituales de conservación y mantenimiento, como operaciones de bacheo, limpieza de arrestres y repintado de marcas viales.
El informe autonómico señala asimismo que en junio de 2022 se repintaron las marcas viales de la BU-131, incluida la travesía de Nava de Roa, y que en mayo de 2024 se volvió a actuar sobre la simbología existente. Además, la Consejería anuncia una serie de medidas técnicas destinadas a mejorar la seguridad, como la colocación de señales de limitación de velocidad a 40 kilómetros por hora para los vehículos que acceden desde la N-122, la instalación de señalización específica en los pasos de peatones y en la zona escolar, la retirada de señales asociadas a reductores de velocidad ya desinstalados y la corrección de una señal horizontal de stop que había perdido visibilidad con el paso del tiempo.
A pesar de valorar positivamente estas actuaciones, el Procurador del Común recuerda en su resolución que la legislación vigente obliga a la Administración autonómica, como titular de la vía, a garantizar que las carreteras sean transitables, seguras y adecuadas para el uso público al que están destinadas. En este sentido, cita la Ley de Carreteras de Castilla y León, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la normativa estatal en materia de tráfico y seguridad vial, que atribuyen a la Administración la responsabilidad de mantener las vías en las mejores condiciones posibles de seguridad y conservación.
Se dijo que no a la colocación de reductores de velocidad
Una travesía, la de la BU-131 a su paso por Nava de Roa, para la que se pidió en agosto de 2024 la colocación de señales de delimitación de velocidad cuando la Junta informó a un vecino que era el Ayuntamiento el que tenía que solicitarlo. El Pleno se celebró cuatro meses más tarde y la respuesta fue negativa.
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