
El Tribunal de Cuentas ha apreciado de forma provisional la existencia de un presunto perjuicio económico de 320.779 euros en la Agrupación de Municipios integrada por los municipios de Valdezate, Fuentelisendo, Villaescusa de Roa y La Cueva de Roa, tras analizar los pagos realizados al que fuera secretario-interventor de la agrupación, Ramón Medina Arranz, entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2025.
La conclusión figura en el Acta de Liquidación Provisional emitida por la delegada instructora de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento de reintegro por alcance. No obstante, la resolución no es definitiva y las personas afectadas podrán presentar alegaciones y aportar las pruebas que estimen oportunas durante la fase jurisdiccional.
Una investigación iniciada tras una denuncia
El procedimiento no se inició de oficio, sino a raíz de la denuncia presentada por la concejala del Ayuntamiento de La Cueva de Roa, Sara Meneses Delgado, quien puso en conocimiento de las administraciones competentes posibles irregularidades en las retribuciones percibidas por el entonces secretario-interventor de la Agrupación.
Aquella iniciativa dio lugar a la recopilación de documentación y la realización de una auditoría. En su momento los alcaldes reconocieron errores en sus cuentas. Posteriormente se abrieron actuaciones previas por parte del Tribunal de Cuentas, que ahora concluyen provisionalmente con la apreciación de un posible perjuicio para los fondos públicos de más de 320.000 euros.
Dos conceptos bajo investigación
El Tribunal atribuye provisionalmente el presunto perjuicio económico a dos tipos de pagos. Por un lado, considera que Ramón Medina Arranz percibió gratificaciones por acumulación de funciones superiores al límite legal. La normativa establece que estas retribuciones no pueden superar el 30 % de las retribuciones fijas del puesto principal, excluidos los trienios. Tras revisar la documentación remitida por la Agrupación y por el Ayuntamiento de Pedrosa de Duero, donde el funcionario ocupaba su plaza principal, el órgano fiscalizador cifra el posible exceso retributivo en 230.747 euros.
Por otro, el Tribunal cuestiona las indemnizaciones por desplazamiento percibidas durante el mismo periodo. Según recoge el acta, no consta documentación suficiente que acredite la finalidad pública de numerosos desplazamientos, ni autorizaciones o comisiones de servicio, ni el resto de justificantes exigidos por la normativa para el abono de kilometraje. El importe provisionalmente considerado injustificado asciende a 90.032euros.
La suma de ambos conceptos eleva el presunto alcance contable hasta 320.779,59 euros, cantidad a la que, en su caso, podrían añadirse los intereses legales correspondientes.
Reparto del presunto perjuicio por municipios
El Tribunal también desglosa provisionalmente las cantidades correspondientes a cada uno de los ayuntamientos integrantes de la Agrupación:
Valdezate: 105.743,56 euros (69.224,20 euros por exceso de gratificaciones y 36.519,36 euros por kilometraje).
Villaescusa de Roa: 105.948,31 euros (69.224,20 euros por gratificaciones y 36.724,11 euros por kilometraje).
Fuentelisendo: 55.691,62 euros (46.149,47 euros por gratificaciones y 9.542,15 euros por kilometraje).
La Cueva de Roa: 53.396,10 euros (46.149,47 euros por gratificaciones y 7.246,63 euros por kilometraje).
El Tribunal señala provisionalmente al secretario y a los alcaldes
El Acta de Liquidación Provisional no solo identifica como presunto responsable a Ramón Medina Arranz, sino que extiende de forma provisional la posible responsabilidad contable a los cuatro alcaldes que autorizaron los pagos durante el periodo investigado.
La delegada Instructora considera que el secretario-interventor tenía la obligación de controlar la legalidad de los acuerdos y evitar pagos sin cobertura legal, mientras que los alcaldes eran los responsables de autorizar y disponer los fondos públicos municipales. Por ello, aprecia inicialmente responsabilidad tanto en quien percibió las cantidades como en quienes aprobaron los abonos.
Una investigación limitada a la Agrupación
La resolución se refiere exclusivamente a los pagos realizados por la Agrupación de Municipios entre octubre de 2020 y mayo de 2025.
Durante esos años, Ramón Medina Arranz desempeñaba además otros cargos públicos. Era secretario-interventor del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero, donde tenía su plaza principal, ejercía funciones en las entidades locales menores de Boada de Roa, Guzmán, Quintanamanvirgo y Valcabado de Roa, además de ocupar la Secretaría de la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca.
El Tribunal no analiza las retribuciones percibidas en esos organismos, aunque los criterios jurídicos fijados en esta liquidación provisional sobre el límite de las gratificaciones y la necesidad de justificar documentalmente las indemnizaciones por desplazamiento podrían resultar relevantes en caso de que en el futuro se abrieran nuevas actuaciones.
El procedimiento continúa
Con la emisión del Acta de Liquidación Provisional concluye la fase instructora y se abre ahora la fase jurisdiccional del procedimiento contable. Será en ese proceso donde las personas afectadas puedan formular alegaciones y aportar la documentación que consideren oportuna antes de que el Tribunal de Cuentas dicte una resolución definitiva.
Desde el entorno de la investigación se subraya además la importancia del control ciudadano sobre la gestión pública, recordando que la transparencia no depende únicamente de las instituciones, sino también de que concejales y vecinos ejerzan su derecho a solicitar información y fiscalizar la utilización de los fondos públicos. Según se destaca, este caso pone de manifiesto que la implicación de la ciudadanía puede contribuir a detectar situaciones que, de otro modo, podrían permanecer sin revisar.
Imagen: Esxecretario- interventor de La Cueva de Roa./ Imagen facilitada
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