Más de 2.000 personas acuden a Madrid para pedir una legislación nacional para macrogranjas

Según la delegación de gobierno de Madrid, más de 2.000 personas han participado este sábado en la manifestación que exige a las fuerzas políticas una legislación nacional que regule el estudio implantación de proyectos de macrogranjas y plantas de biogás o biometano. Una protesta a la que han acudido personas llegadas de varios puntos del país, convocados por una veintena de plataformas que luchan por ello.

De la Ribera del Duero burgalesa han acudido los colectivos creados en Fuentelcésped, Milagros y Villatuelda a los que se unen los pueblos afectados de la comarca. Y Madrid se han unido con más colectivos españoles con las mismas preocupaciones como los creados en Calahorra (Granada) o en Cubas de la Sagra (Madrid).

La manifestación comenzaba enla plaza de Cibeles y se ha dirigido hasta la de las Cortes. Y no han faltado pitidos y caceloradas. Al final del trayecto ha tenido lugar la lectura de un manifiesto, en el que además de pedir una legislación nacional, se reclama que este tipo de instalaciones se levanten “en entorno seguros, respetuosos con el medioambiente y alejados de la población”.

Y piden más participación de los vecinos afectados, “con información, con tiempo y con capacidad de decisión”. Solicitan que “se nos escuche” y, al mismo tiempo, que se vele para que los proyectos se ubiquen “en función de los residuos cercanos al entorno de producción, evitando su transporte desde y hacia lugares alejados”.

Para los manifestantes es importante que se dimensionen correctamente estos proyectos y que no se permita construir plantas mucho más grandes de lo necesario. “ Que las empresas y nuestros representantes políticos sean honestos, que no sean amparen en trampas o vacíos legales para dar cabida a proyectos dañinos, que tengan visión a largo plazo de las consecuencias conocidas y potenciales de proyectos con riesgos para las personas y el medioambiente”, señalan.

 

 

No entienden que exista una desregulación para los estudios en implantación de proyectos de macrogranjas de cerdos y macrogranjas de biogás y biometano; por lo que exigen una legislación nacional  “unánime, clara y de obligado cumplimiento para todos los representantes de la ciudadanía, tanto regionales como locales que protejan nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestro patrimonio”.

“No somos ajenos a la necesidad de valorizar los residuos, ni de obtener energía de forma más sostenible, como se empeñan en hacernos ver mucho de los impulsores de estos proyectos”, remarcan, añadiendo que lo que realmente piden “es responsabilidad”.

Y aseguran que van a seguir defendiendo lo que solicitan. “No vamos a parar, no vamos a descansar, vamos a luchar, como hasta ahora, de forma racional, coordinada, legal, organizada y objetiva, sin detenernos hasta conseguir nuestro objetivo. Una legislación que nos proteja de verdad y que proteja nuestros pilares e intereses y no solo los de aquellos que se quieren enriquecer con nuestro empobrecimiento”.