"Ni en tu pueblo, ni en el mío"

622 10 53 25. Ese es el teléfono al que tienen que llamar las personas interesadas en acudir el próximo sábado 14 de septiembre a la manifestación que tendrá lugar en Madrid para lanzar un “no” rotundo a la instalación de macrogranjas y plantas de gas en los pueblos. Porque desde la organización se fletarán autobuses.

La cita es en la capital española a mediodía, en una marcha que saldrá desde la glorieta de Cibeles, en el metro banco de España, hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y el objetivo está claro: conseguir una nueva legislación que regule la correcta implantación de macrogranjas y plantas de biogás.

Son 18 asociaciones las que se han unido para realizar esta convocatoria. De la Ribera del Duero burgalesa acuden los colectivos creados en Fuentelcésped, Milagros y Villatuelda a los que se unen los pueblos afectados de la comarca. En Madrid se darán cita más colectivos españoles con las mismas procupaciones.

“Exigimos un cambio legislativo que ponga fin a la desprotección que sufrimos ante estos proyectos industriales de macroplantas de biogas - biometano y macrogranjas , que con frecuencia se imponen sin transparencia, sin diálogo, y sin evaluar de manera adecuada los riesgos para nuestra salud y el medio ambiente”, explican los convocantes. Están convencidos de que “es necesario avanzar hacia formas más sostenibles de generar energía y gestionar residuos, pero no a costa de la destrucción de nuestros pueblos”.

Por ello requieren una normativa nacional clara, unificada y de obligado cumplimiento, que regule con rigor la instalación de macroplantas y macrogranjas, y que se prioricen estudios técnicos, ambientales y sociales exhaustivos antes de aprobar cualquier proyecto.

Del mismo modo requieren que la participación de los vecinos y las comunidades afectadas “sea real y vinculante, con información accesible, tiempo suficiente y capacidad de decisión sobre los proyectos que les afectan directamente”; y que los proyectos estén dimensionados de acuerdo con las necesidades y capacidades reales del entorno local.

Por último, solicitan “un sistema de control independiente y transparente” para supervisar el cumplimiento de las normativas.

“No estamos aquí para frenar el progreso”, aclaran, “sino para  solicitar formalmente al Parlamento que revise y modifique la legislación actual sobre macroplantas y macrogranjas, para que sea justa, responsable y alineada con los principios de protección de la salud pública, el medio ambiente y el bienestar de nuestras comunidades”, terminan diciendo.