Olmedillo de Roa pone en marcha su ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana

Con el objetivo de “preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y formas de vida diversas”, el Ayuntamiento de Olmedillo de Roa ha aprobado la ordenanza fiscal reguladora de la seguridad y convivencia ciudadana.

Así, elaborada de acuerdo con la potestad de tipificar infracciones y sanciones para ordenar las relaciones de convivencia se pretende prevenir cualquier actuación perturbadora de dichas relaciones, así como proteger tanto los bienes públicos como las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio frente a las agresiones, alteraciones o usos indebidos de que puedan ser objeto.

Es por ello que esta nueva normativa que entrará en vigor dentro de quince días recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, de los establecimientos abiertos al público, los requisitos para ocupar la vía pública y las mencionadas infracciones y sanciones, clasificadas estas en muy graves, graves y leves.

De este modo, aquellos que perturben de un modo “relevante” la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, accedan a las dependencias municipales fuera del horario establecido o para la realización de actividades que no cuenten con la preceptiva autorización o impidan el uso o normal funcionamiento de un servicio público podrán enfrentarse a multas de hasta 3.000 euros.  

Asimismo, no realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos, emplear de un modo inadecuado los materiales y enseres que se encuentren en los locales municipales y dependencias oficiales, depositar basura fuera de contenedores en la vía pública, dificultando el tránsito o causando trastorno a los ciudadanos o acampar libremente en el término municipal fuera de los lugares habilitados para ello son, desde este momento, consideradas faltas graves, cuya sanción puede ascender a los 1.500 euros.

 

Fotografía: Google Maps