Once infracciones y ninguna señal de explotación laboral en la campaña de vendimia

La campaña de inspecciones desarrollada durante la vendimia en la provincia de Burgos se ha saldado con once infracciones administrativas detectadas y ningún indicio de explotación laboral, según el balance conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Los controles, realizados en las comarcas vitivinícolas de la Ribera del Duero y el Arlanza, se enmarcan en el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Inspección de Trabajo, dentro de la estrategia nacional de protección a los trabajadores temporales y de lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral.

 

Balance de la Policía Nacional

El dispositivo de la Policía Nacional ha estado integrado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Unidad Aérea, adscritos a la Comisaría Provincial de Burgos.

Durante la campaña se inspeccionaron 19 fincas agrícolas pertenecientes a ocho explotaciones vinícolas, en las que se verificaron las condiciones de trabajo de 157 personas.

Sólo tres trabajadores se encontraban en situación administrativa irregular, careciendo de permiso de residencia y trabajo, motivo por el cual fueron detenidos e incoados los correspondientes expedientes administrativos por infracción a la Ley de Extranjería. No se hallaron indicios de trata o explotación laboral.

 

Balance de la Guardia Civil

Por su parte, la Guardia Civil desplegó un operativo con efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, Servicio de Información y Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos.

El cuerpo realizó inspecciones simultáneas en 16 explotaciones agrícolas y vitivinícolas, donde fueron identificadas 218 personas, entre trabajadores, encargados y responsables de viñedos.

Aunque en ningún caso se detectaron señales de trata de seres humanos, sí se constataron ocho infracciones administrativas, entre ellas tres trabajadores sin alta en la Seguridad Social, cuatro sin contrato formalizado y una en materia de seguridad laboral, ya puestas en conocimiento de la autoridad competente.