La Autovía del Duero y el ferrocarril Directo son los dos temas que han protagonizado este lunes la rueda de prensa ofrecida por los senadores del PP Javier Lacalle y Cristina Ayala, que entre mañana y pasado acudirán a la sesión en la que se aprobarán, de forma definitiva, los Presupuestos Generales del Estado. Unos PGE, explican, sin partidas ni para la A-11 en sus tramos de la provincia de Burgos ni para el ferrocarril Directo.
A-11
Sobre la Autovía del Duero Lacalle lanza una advertencia: Es la segunda vez que el gobierno de la nación deja caducar la declaración de impacto ambiental en el tramo que lleva desde Aranda a la provincia vallisoletana. Un descuido que, asegura, se ha provocado nuevamente en un mandato socialista, que supone un gasto importante de dinero y, además, de tiempo. Recuerda Lacalle que la primera vez que caducó este expediente fue en 2006, que se volvió a tramitar y se aprobó en mayo 2018, pero que el hecho de que haya caducado supondrá volver a actualizar el proyecto, con tiempo de información pública incluida.
Y el futuro no es nada prometedor para este tramo de la autovía, asegura el senador, teniendo en cuenta que los PGE no contienen “ni un solo euro para poder sacar la actualización”.
Aseguran los populares que el PSOE “ha decidido que no haya ni una sola maquina trabajando durante los próximos dos años” en ninguno de los dos tramos burgaleses de la A-11. Esta es la conclusión que sacan sobre los 50 kilómetros divididos por los 14 de la circunvalación de Aranda ya finalizada que deberían unir por medio de autovía la capital ribereña con Langa del Duero (Soria) y Castrillo de la Vega con el límite vallisoletano.
Ejecutado el 71% de la obra en el tramo soriano entre Ventanueva y Santiuste y el 31% entre el Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, los populares se muestran preocupados por ese tramo burgalés de 21 kilómetros que hay desde la provincia de Soria hasta Aranda. “El gobierno omite en qué fecha tiene previsto la redacción de ese proyecto para contratar obras, no se nos informa y es un proyecto que no sabemos cuándo va a culminar teniendo en cuenta que en los presupuestos no hay un solo euro para este tramo”, indica Lacalle, que no cree que antes de 2023 puedan comenzar las obras.
Por tanto, mucho pesimismo para ver máquinas en los 40 kilómetros de autovía que quedan por hacer en la provincia de Burgos. “Como poco nos vamos a entre 7 y 10 años, yendo todo con uno plazos normales, para que se puedan poner en servicio”, augura Lacalle, quien lanza un consejo al gobierno central: “Si el presupuesto es limitado tiene que plantearse la posible fórmula de colaboración público privada como se hizo mejora N-1, todas las obras se hicieron así”, recuerda, asegurando que “.sería la fórmula de poder afrontarlo de una vez”.
Tren Directo, ni está ni se le espera
No entienden los populares cómo el gobierno central no aprovecha los 140.000 millones de euros que llegan de fondos europeos para invertir en este proyecto, donde los populares pedían que al menos en 2021 se realizasen los proyectos para la mejora del tramo entre Aranda y Madrid con la inversión de 2 millones de euros. “La voluntad del PSOE solo existe cuando está en la oposición, cuando llegan a gobierno las cosas cambian de 0 a 100”, advierte Cristina Ayala.
Tampoco es entendible, añade, que desde el PSOE se señale que solo se procederá a invertir en esta línea si hay compromisos firmes que garanticen el tráfico mínimo. “Tienen la poca gallardía de decir que en el Ministerio no tenían informes cuando fue Javier Lacalle en julio 2018 personalmente a entregarles un estudio detallando tráfico e interés”, comenta la senadora, advirtiendo que de todos los informes que se han hecho “ellos solo hablan informe 2014 del INECO”.
“No hay ninguna voluntad política”, advierten desde el PP, que también reprocha al grupo de VOX no haber acudido a la votación donde se tramitaba una enmienda presentada por Compromís. “De haber estado en esa comisión y haberla votado hubiera salido adelante”, asegura, advirtiendo que con su falta de presencia “se perdió una oportunidad”, a pesar de que para el PP no era la más adecuada, ya que opinan que lo importante es contratar un proyecto para que después se pueda ejecutar.
Imagen: Javier Lacalle y Cristina Ayala, en el centro, junto con el procurador del PP Máximo López (izquierda) y el concejal arandino Emilio Berzosa. / BC
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