Ha sido en una campaña de control de residuos peligrosos que se estaba efectuando por el SEPRONA de la Guardia Civil en la comarca de la Ribera del Duero, como se ha descubierto la existencia la incorrecta gestión de planchas de fibrocemento.
Por ello, se ha investigado a una persona de 47 años de edad, como presunto autor de un delito de falsedad documental, al expedir una factura -sobre la supuesta correcta gestión de unas placas de fibrocemento retiradas de un tejado desmantelado- que resultó ser falsa. Durante la investigación, de forma paralela se han añadido cuatro denuncias por carecer de la documentación y autorizaciones necesarias para acometer los trabajos de retirada de residuos.
El pasado verano se estaba inspeccionando una obra en la que se había retirado un tejado de uralita, y al requerir a la empresa contratada la documentación necesaria para realizar esos trabajos y la correcta gestión de los residuos no se pudo demostrar por carecer de las autorizaciones necesarias y los documentos acreditativos de la correcta gestión de las placas de fibrocemento. No obstante, señalaron a una segunda empresa a la que la habían encargado dicha gestión.
Se emitió una factura por esa empresa, pero el material no había sido entregado en centro autorizado alguno para su tratamiento. Finalmente se comprobó que la factura era falsa, por lo que su responsable ha sido investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Además, se han detectado diversas irregularidades por parte de las dos empresas implicadas.
Legislación aplicable al amianto
La utilización y comercialización del amianto está prohibida en España desde el año 2002; todos los edificios construidos anteriormente que contengan amianto, podrán seguir utilizándose hasta el fin de su vida útil. La Ley establece que los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada, debiendo estar gestionados las instalaciones con mayor riesgo antes de 2028.
Para poder manipular el amianto, las empresas deben cumplir una serie de requisitos, como estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto y contar con un Plan de Trabajo aprobado por las autoridades de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, los empleados que retiren el amianto deben haber pasado una vigilancia médica y la empresa debe proporcionarles los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos. Finalmente, el material retirado, debe ser embalado y etiquetado para su entrega en un vertedero de residuos peligrosos homologado.
Todos estos requisitos encarecen la retirada de este tipo de material, dándose el caso de que "empresas piratas" falsifican la documentación necesaria, obviando las medidas de seguridad laboral necesarias y eliminando el material retirado mediante su vertido incontrolado, evitando así los altos costes de su adecuada gestión.
Estas conductas, que suponen un perjuicio para las empresas que cumplen la normativa, implican un riesgo para la salud de los trabajadores, además de un perjuicio al medio ambiente.
En muchos casos, estos acopios ilegales de uralitas son abandonados en terrenos públicos o privados, recayendo la responsabilidad de gestión en terceras personas, en muchos casos sobre los Ayuntamientos de la provincia, con el consiguiente perjuicio económico que esto supone.
Imagen de archivo
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