Otro de los ayuntamientos de la comarca ribereña que apuesta por salvaguardar sus bodegas y lagares tradicionales es Quintana del Pidio. Su Ayuntamiento acaba de aprobar de forma definitiva la ordenanza municipal que regula el uso y el mantenimiento de estos elementos etnográficos del municipio. Comenzará a estar vigente a partir de mañana.
Ya no son utilizadas para la elaboración de vino la mayoría, salvo en algunos casos para el autoconsumo, y gran parte de ellas no están catalogadas. En algunos casos han sido abandonadas, lo que perjudica no sólo a esa bodega, sino a las que se encuentran alrededor. Por ello se ha visto necesario velar por unas construcciones que forman parte de la historia de Quintana del Pidio. La nueva normativa recoge los derechos, deberes y pautas de actuación y se convierte en una herramienta para la preservación de este enclave.
Se encuentran enclavadas en terrenos que en su mayor parte es de propiedad municipal, en el paraje conocido como La Virgen, ocupando una superficie de unas tres hectáreas.
La primera actuación del Ayuntamiento, tras la aprobación de esta ordenanza, será la de crear un censo de bodegas subterráneas y lagares con la información relativa a cada una de ella. Para ello, los propietarios permitirán el acceso a los técnicos que realicen el inventario.
Por parte de los propietarios, la normativa recuerda que son ellos los responsables de mantener las bodegas en buen estado, manteniendo la entrada y galerías y asumiendo los daños que el hundimiento o mal uso cause a terceros. También se deberá permitir el paso a todos los titulares de la bodega a la que se acceda desde la puerta común y evitar el hundimiento.
En caso de no cumplir el mantenimiento de la bodega, el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para asumir la titularidad. En el caso de que se desconozca el propietario de una bodega o lagar, también podrá el Ayuntamiento hacer que pase a ser de patrimonio municipal. Del mismo modo se da la opción a los propietarios a ceder la titularidad al Ayuntamiento en el caso de que no se quieran acometer las obras de restauración necesarias.
Por último, la normativa también plantea sanciones que van de los 60 a lo 600 euros para infracciones leves, de hasta 2.000 euros para las graves y de hasta 5.000 euros para las muy graves; además de reparar el daño causado.
|