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SOCIBUR también critica de "insuficiente" el compromiso de sacar la bateadora del Directo

Piden a los grupos su implicación, también desde la Junta, para llegar a acuerdos con el Ministerio

11/02/2022 8:49 | Begoña Cisneros
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Al igual que hiciera el pasado mes de noviembre la Plataforma por el Ferrocarril Directo, otro colectivo, en este caso la Sociedad Civil Burgalesa (SOCIBUR), critica de insuficiente los 10  millones de euros comprometidos por la ministra de Transportes para arreglar el túnel de Somosierra donde se encuentra sepultada una bateadora desde el año 2011 obstruyendo la línea férrea.

Este colectivo califica la medida de puntual, y recuerda que la Ley de Reglamento del sector ya indica la obligación de los responsables a ejecutar estos trabajos.
En la última sesión del Senado, donde se aprobaba una moción para instar al Gobierno a la reapertura del Directo, ya se puso de manifiesto por parte de la senadora Cristina Ayala que no era este el único túnel dañado en la línea, sino que en una revisión que se efectuó hace una década se informaba de una decena de túneles. SOCIBUR habla de 9 en total, uno de ellos ubicado en la Sierra Norte madrileña “con daños de carácter grave” similares a lo que ocurre en el de Somosierra, con “una grieta en la clave”. Añaden el riesgo en al menos 14 trincheras, 8 pasos superiores, inferiores y pontones, inspeccionados en el año 2011, con daños medios o graves.

“El túnel de Mata Águila, en Madrid, posee una grieta, y puede acabar con un desprendimiento grave intercepte las vías como ya sucedió en Somosierra”, afirman, añadiendo que “al igual que han licitado el estudio de soluciones para el túnel de Somosierra, exigimos que lo hagan con carácter urgente para el resto de infraestructura dañada”, argumenta su presidente Rafael Medina.

Exigen, por tanto, que se concrete un cronograma de actuaciones para su reapertura total, con plazos de las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en la línea para su puesta en funcionamiento. “Queremos ver hechos y sobre todo que las actuaciones que se realicen lleven como resultado la puesta en servicio de la totalidad de la línea, permitiendo nuevamente la circulación tráficos. Hemos oído pronunciarse repetidas veces a nuestros políticos con promesas no cumplidas, ni cuando están en el gobierno, no dotando partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado e incluso con votaciones en contra a las enmiendas presentadas por otros grupos políticos para su reapertura”, señalan.

“Consideramos una tomadura de pelo la afirmación de la Ministra de Transportes de la elaboración de otro estudio para considerar cuál será el destino final del túnel”, se lamentan, argumentando que este destino no puede ser otro que “la recuperación del tráfico ferroviario".

Al respecto de los costes, SOCIBUR indica que, si bien los estudios técnicos recientes consideran una horquilla de entre 100 y 150 millones de euros, y con mejoras la amplían hasta los 400; en comparación con el coste de construcción de los kilómetros de Alta Velocidad la inversión es ínfima. “Un kilómetro de AVE en España puede costar entre 15 y 60 millones de euros. Estaríamos hablando de unos 5 a 20 km de AV·, una gota en el océano”, detallan, añadiendo que a cambio “los beneficios empresariales son exponenciales”.

 

Consideran imprescindible la implicación de la Junta de Castilla y León

Del mismo modo, piden a los grupos políticos que se presentan a las elecciones para acceder a las Cortes de Castilla y León que se posicionen de forma “clara y contundente” para con la línea.

“Desde nuestro punto de vista, si bien la infraestructura es estatal y es de quien depende la decisión, creemos que desde la Junta de Castilla y León no se ha exigido con firmeza su reapertura en todos estos años, provocando la situación actual de inmovilismo, y tan sólo se ha producido el último pequeño paso del estudio informativo para Somosierra”, comentan.

Por ello opinan que “se debe reclamar desde la Junta al Ministerio de Transportes con firmeza, y a Adif como administrador; y definir a la mayor brevedad un calendario de actuaciones”. Y entienden que las administraciones “no tienen que cerrarse a posibles convenios”

 

 

 

 
 
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