
Tres inmuebles de la comarca de la Ribera del Duero se encuentran entre los 35 nuevos expedientes de ruina calificados de riesgo bajo cuya encomienda de gestión ha sido aceptada por la Diputación Provincial de Burgos. Se trata de una vivienda en la travesía de San Jerónimo de Bahabón de Esgueva, un almacén y vivienda en la calle Real de Gumiel de Mercado y una vivienda situada en la plaza Cuatro Calles de Quemada.
La incorporación de estos expedientes permite que la administración provincial preste asistencia a los pequeños municipios en la tramitación de situaciones de ruina y órdenes de ejecución.
En la práctica, una vez que los alcaldes dictan las correspondientes órdenes de ejecución y se constata que los propietarios no realizan voluntariamente las actuaciones requeridas, la colaboración provincial puede facilitar la contratación de las medidas propuestas en los informes técnicos.
Estas intervenciones pueden incluir aseguramiento de los inmuebles, apeos, vallados, retirada de elementos peligrosos, demoliciones, limpieza, desescombro, tratamiento de residuos o acondicionamiento de los espacios resultantes. El problema que plantea el documento es que afrontar de manera inmediata estas actuaciones puede resultar difícil para ayuntamientos con presupuestos reducidos, aunque posteriormente los costes puedan repercutirse a los propietarios legalmente obligados.
Una propuesta para ampliar el plan
Precisamente para dar un paso más, el Grupo Provincial Socialista llevará al Pleno que se celebrará este viernes una proposición para reforzar y ampliar el Plan Provincial de Ruinas. La iniciativa plantea que la asistencia de la Diputación no termine con la tramitación administrativa, sino que pueda alcanzar, cuando sea necesario, la ejecución material de las medidas acordadas.
Entre las medidas propuestas figura crear una línea económica específica para financiar o anticipar las ejecuciones subsidiarias y evitar que los municipios con menor capacidad económica tengan que asumir íntegramente y por adelantado esos costes. También se plantea revisar el número máximo de inmuebles que puede incorporar cada municipio al programa.
La proposición reclama además que el presupuesto de la Diputación para 2027 reserve un mínimo de 600.000 euros para el futuro Plan Provincial Integral de Ruinas y propone elaborar, junto con los ayuntamientos, un diagnóstico provincial de los inmuebles en situación de ruina, abandono o riesgo para establecer prioridades de actuación.
Edificio con expediente abierto en Quemada./ @Google Maps
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