
La pasada semana los lectores de DR conocían que el parque eólico Ampliación de Tórtoles iniciaba el proceso de expropiaciones de terrenos. Hoy sabemos que un grupo de propietarios y vecinos de Tórtoles de Esgueva se opone al proyecto de parque eólico “Ampliación Tórtoles” (53,1 MW), promovido en el término municipal, y que solicita la “paralización inmediata” del proceso de expropiaciones y levantamiento de actas de ocupación al considerar que podría presentar “irregularidades administrativas y falta de transparencia”.
Los afectados aseguran llevar tres años organizados en torno a este proyecto, realizando alegaciones y recursos administrativos, y sostienen que la mayoría de propietarios directamente implicados rechaza la instalación. En concreto, afirman que alrededor del 89% de los titulares de los terrenos donde se ubicarían los aerogeneradores no han mostrado su conformidad, porcentaje que también sería elevado en el caso de las infraestructuras de evacuación.
Según el colectivo, el proyecto se conoció inicialmente a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin una comunicación previa directa por parte de la empresa promotora ni de las administraciones locales, y denuncian que la única notificación individual a los propietarios llegó meses después del inicio de la tramitación.
Entre sus críticas, los vecinos apuntan también a posibles modificaciones técnicas del proyecto durante su desarrollo, como cambios en la potencia instalada y en el número de aerogeneradores, así como a la utilización de procedimientos administrativos que, según su versión, habrían permitido evitar una evaluación ambiental ordinaria más exhaustiva.
El grupo de afectados sostiene además que la implantación del parque eólico supondría un impacto sobre terrenos agrícolas de la zona y advierte de posibles afecciones a especies protegidas presentes en el entorno, como la avutarda, el milano real o el águila imperial.
Desde el punto de vista social, los propietarios aseguran que el proyecto está generando división en el municipio y tensiones entre vecinos y familias, al tratarse de una infraestructura de carácter privado que no contaría con un consenso mayoritario en el territorio.
Ante esta situación, los afectados anuncian la interposición de recursos ante la vía judicial, incluyendo su traslado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, algo que han hecho, donde han solicitado medidas cautelares contra el proyecto, actualmente pendientes de resolución.
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