Corte en la A-1 y marcha lenta en la N-122

Hoy miércoles ha sido otra jornada más de movilizaciones de los agricultores y ganaderos ribereños, que han vuelto a salir a las carreteras para lanzar su llamada de atención a los políticos para que sean escuchados.

Han sido muchas las acciones que se han realizado a cabo en la provincia, con el corte de la AP-1 en el Monasterio de Rodilla por la quema de neumáticos, tractores en Briviesca, en Basconcillos del Tozo y en Belorado.

En la comarca ribereña la primera retención se realizaba en la A-1 a la altura de Aranda de Duero. Unas 28 personas, según la subdelegación de Gobierno, han saltado a la autovía a la altura del kilómetro 162, cortándola en ambos sentidos. Ocurría sobre las 11:11 horas, quedando despejada la vía 25 minutos más tarde.

También en la N-122,  20 tractores iniciaban una marcha lenta por la N-122 entre las localidades de Zuzones y Vadocondes. Una marcha a la que se han sumado más vehículos hacia el oeste de Aranda consiguiendo que sobre las cinco de la tarde la congestión del tráfico haya sido de 23 kilómetros, entre la capital ribereña y la localidad de Nava de Roa en ambos sentidos.

 

 

 

Dispuestos a volver a Madrid

Y ya se está convocando una nueva tractorada en Madrid para el próximo 17 de marzo. Una cita convocada, de momento, por Unión de Uniones de agricultores y ganaderos a la que invita a la ciudadanía.

Así, mantiene su calendario de movilizaciones ante la falta de respuestas y soluciones por parte del Ministerio de Agricultura. La organización tiene previsto una gran manifestación que recorrerá -según se ha comunicado y a falta de la resolución de la autoridad gubernativa -, el Paseo de la Castellana desde el Ministerio de Transición Ecológica hasta el Ministerio de Agricultura.

La organización invita a toda la ciudadanía, consumidores de alimentos que se producen en el campo, a sumarse a esta gran marcha en la que se pide, entre otras cosas, frenar la competencia desleal con países terceros, una ley de cadena alimentaria que se cumpla con precios justos y una política medioambiental realista que tenga en cuenta a los agricultores y ganaderos. “Todo esto es para defender la rentabilidad y la dignidad de nuestro trabajo, pero también para defender el patrimonio que para esta sociedad representa su agricultura y ganadería el derecho de los ciudadanos a una alimentación de confianza y asequible”, afirman.