La D.O. Ribera del Duero presenta el manifiesto para reclamar mayor control en ganadería y biogás

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha presentado este miércoles en Roa el "Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido", un documento con el que reclama a la Junta de Castilla y León una modificación de la normativa para reforzar el control sobre la implantación de explotaciones ganaderas intensivas y plantas de biogás dentro del ámbito de la denominación.

La iniciativa nace con el respaldo de bodegas, cooperativas, viticultores, consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas, asociaciones empresariales y ayuntamientos, y mantiene abierta la posibilidad de nuevas adhesiones.

La presentación llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Aranda de Duero intentara sumarse al manifiesto, pero el punto quedó sobre la mesa para un debate posterior. El equipo de Gobierno llevó una declaración institucional al pleno municipal para formalizar ese apoyo, aunque la propuesta no prosperó a la espera de que más grupos se uniesen a esta petición.

Durante la presentación, el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, ha insistido en que el documento "no es un manifiesto contra la ganadería", sino una propuesta para garantizar una ordenación responsable del territorio y la compatibilidad entre las distintas actividades económicas que conviven en la Ribera del Duero.

Entre las principales reivindicaciones del manifiesto figura la recuperación de la licencia ambiental ordinaria para todas las explotaciones ganaderas intensivas ubicadas en el territorio de la denominación, el establecimiento de distancias mínimas respecto a viñedos, bodegas y núcleos de población, la revisión del actual sistema de comunicación ambiental y la creación de mecanismos de coordinación entre la Junta, los ayuntamientos, las organizaciones agrarias y el propio Consejo Regulador.

Como argumento para sustentar estas peticiones, la D.O. Ribera del Duero recuerda el peso económico del sector. Según un estudio elaborado por PwC por encargo del Consejo Regulador, la denominación aporta 1.333 millones de euros al PIB nacional, sostiene cerca de 21.000 empleos y genera una recaudación fiscal anual de 459 millones de euros, además de superar los 600.000 visitantes vinculados al enoturismo.

El manifiesto ya ha recibido el apoyo de consejos reguladores como Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena o Arlanza, además de numerosas bodegas, cooperativas, entidades locales y organizaciones vinculadas al sector vitivinícola, y permanecerá abierto a nuevas adhesiones.

"No tenemos datos y precisamente por eso queremos ordenarlo, para que quien quiera instalarse o emprender un proyecto sepa que atenerse y no se vea perjudicado", concluye el presidente de la Ruta Ribera del Duero Miguel Ángel Gayubo.