La reunión mantenida ayer por los representantes de la plataforma Stop macro-plantas macro-granjas de Castilla y León con el director General y el jefe de Prevención Medio Ambiental de Castilla y León no ha convencido. Una cita que coincidió con una concentración de ciudadanos de localidades afectadas en la puerta de la Consejería de Infraestructuras.
Desde la plataforma consideran que no se ha tenido en cuenta el desarrollo de una legislación y planificación que sirva para regular la instalación de este tipo de industrias y que únicamente se les ha remitido a la Ley de Prevención y Control Integrada Ambiental de la Contaminación, señalando que según sentencia del TSJCYL no es de aplicación en esta autonomía el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, sino de ámbito Nacional.
“Se nos insiste que desde la Junta de Castilla y León sólo tramitan procedimientos administrativos según la norma, que consiste en elaborar un breve informe para determinar si hay alguna deficiencia técnica, en cuyo caso se le requiere al promotor para su subsanación”, explican desde la Plataforma.
Los representantes de este colectivo consideran que los proyectos que se publican en el Boletín Oficial de Castilla y León están elaborados con deficiencias “y somos nosotros, los ciudadanos, quienes nos vemos obligados a realizar el análisis pormenorizado de todos los estudios básicos que presentan los promotores mediante las correspondientes alegaciones".
Destacan que los estudios de la administración regional obvia la legislación sobre prevención de la contaminación, y que no cumplen con la ley de evaluación ambiental. “Entendemos que no reúnen los requisitos mínimos legalmente establecidos para abrir el trámite de información pública de autorización ambiental y estudio de impacto del expediente de referencia”, explican.
Unos representantes de las plataformas que exigen mayores garantías financieras ante posibles incidentes graves que afectaran al entorno, y el cumplimiento de las normativas de Residuos y de Responsabilidad Medio Ambiental. “Se nos contestó que estas normas se pondrían en práctica una vez finalizada la construcción de estas plantas, circunstancia que no acaba de convencernos”, señalan.
Desde la plataforma se lanza una crítica: que más del 80% de los proyectos actuales que figuran en la página web de la Junta Castilla y León consisten en la tramitación de expedientes de “macro-granjas”. Ponen de ejemplo las de Venialbo (Zamora), Cuéllar (Segovia) o Garciahernández (Salamanca). “Lo que nos da pie a suponer que todo va relacionado con la proliferación de plantas de biogás- biometano proyectadas en la región y que pudieran llegar en un futuro”.
En la reunión se habló de distancias entre instalaciones y zonas habitadas. El director general aseguró que no se iban a permitir aquellas situadas a menos de 700 metros del casco urbano. La Plataforma va más allá y pide que también se debe tener en cuenta el estudio de otros factores como es la dirección predominante de los viento
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|