Las estafas a temporeros del campo se siguen dando en la zona de la Ribera del Duero

Que todavía siguen produciéndose estafas a personas que vienen a la zona de la Ribera del Duero para trabajar en el campo es algo que demuestra la detención por parte de la Guardia Civil de seis personas y la investigación a otras cuatro como presuntas autoras de varios delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Y las víctimas no han sido pocas: 45 extranjeros han sido explotados.

En este caso las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Guardia Civil de Soria, ya que ha sido en esta provincia, pero en su parte ribereña, donde han ocurrido los hechos. El pasado 27 de septiembre concluía la operación denominada Machatasha. Los detenidos e investigados están involucrados por pertenecer a una organización delictiva centrada en la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, tanto comunitarios en situación de vulnerabilidad como de extracomunitarios procedentes del norte de África y que carecían de cualquier tipo de autorización para trabajar en España.

Las personas extranjeras se encontraban realizando labores agrícolas sin las preceptivas formalidades legales. Se encontraton indicios de la existencia de un entramado de personas que los contrataban, permitiendo la posterior investigación acreditar la existencia de una organización criminal ahora desarticulada.

En cuanto a la tipología de las víctimas se detectó la existencia de dos grupos diferentes, por un lado, estarían los procedentes de países del Magreb los cuales por su situación irregular en España carecían de cualquier autorización para trabajar y un segundo grupo de personas que procedían de países de la Unión Europea, lo que le habilita para poder trabajar en las mismas condiciones que los nacionales, pero que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Si bien podrían ser dados de alta por el empresario no lo eran y eran obligados a aceptar las condiciones dictadas por la organización.

La investigación ha permitido acreditar, que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se prolongaban incluso cuando las mismas finalizaban la relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que según la organización se ocasionaba por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen y en general cualquier excusa. Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas.

En ninguno de los casos que se han investigado los salarios llegaban al salario mínimo legal, y generalmente los gastos supuestamente generados superaban la cantidad a percibir.