UCCL reclama contratos para los viticultores de la Ribera del Duero antes de la entrega de la uva

La vendimia se ha iniciado ya en la D.O. Ribera del Duero mientras persiste, según denuncia la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), la falta de formalización de numerosos contratos entre viticultores y bodegas. La organización agraria reclama a la Junta de Castilla y León una mayor vigilancia para garantizar que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que los productores conozcan las condiciones de la venta antes de entregar su cosecha.

Según UCCL, la campaña de 2026 ya se ha iniciado en más de medio centenar de bodegas de la denominación y todavía quedan millones de kilos de uva pendientes de recolección. La organización considera que la ausencia de contratos genera incertidumbre entre los viticultores, especialmente en un momento en el que deben afrontar los costes de una nueva campaña.

Uno de los principales datos aportados por la organización es el cálculo del coste medio de producción, situado en 1,30 euros por kilo de uva. UCCL considera que esta referencia debe tenerse en cuenta a la hora de establecer los precios de compra para evitar que las explotaciones trabajen por debajo de sus costes.

A esta situación se añade la reducción del rendimiento máximo fijado para las variedades tintas, establecido esta campaña por el Consejo Regulador en 6.300 kilos por hectárea. Para UCCL, esta limitación está relacionada con el crecimiento experimentado por la superficie de viñedo de la denominación durante los últimos años.

La organización agraria señala que la D.O. Ribera del Duero ha pasado de unas 22.500 hectáreas de viñedo en 2017 a alrededor de 31.500 en la actualidad, un aumento cercano al 40%. A juicio de UCCL, este crecimiento no habría ido acompañado de una planificación suficiente de la capacidad productiva y comercial de la denominación.

La organización reclama ahora que la Administración autonómica compruebe que los contratos se formalizan en los plazos establecidos y que los viticultores no tengan que entregar la uva sin conocer previamente las condiciones económicas de la operación.

UCCL también dirige sus demandas a las bodegas de la denominación, a las que pide que establezcan precios que permitan cubrir los costes de producción y que respeten los plazos de pago previstos por la legislación. Una advertencia que ya se hacía hace unas semanas desde la sección sindical de ASAJA.

Se considera que estas condiciones son necesarias para mantener la rentabilidad de las explotaciones vitícolas y garantizar la continuidad de un sector que tiene un importante peso económico y laboral en las cuatro provincias que forman parte de la D.O. Ribera del Duero: Burgos, Valladolid, Soria y Segovia.