Que el fraude de los bancos existe, y que en muchos casos las entidades se aprovechan del poco conocimiento financiero de una gran parte de la sociedad, es algo que queda patente en las dos sentencias que avalan que por parte de dos bancos se han realizado prácticas ilegales mediante contratos usurarios que cobraban intereses excesivamente elevados en los préstamos.
Los juzgados de Instrucción número 1 y número 2 de Aranda de Duero han fallado dos sentencias contra las entidades que firmaron dos contratos de este tipo con una mujer arandina. Los considera abusivos y serán los bancos los que tendrán que pagar las costas de los procesos además de devolver parte del dinero a la consumidora.
Electrodomésticos a precio de oro
Uno de ellos se refiere a la compra de dos electrodomésticos en 2014. Su coste era de 600 euros pero la clienta decidió acudir a la entidad Cofidis para poder financiarlos a plazos. Y claro que tuvo que abonar ese precio, y mucho más. Al final se convirtió en una deuda de 4.000 euros a la que se tendría que haber enfrentado si no hubiese acudido a la Justicia, que ha comprobado cómo el interés pactado “superaba en más de 10 puntos el previsto para este tipo de operaciones”.
La juez ha tenido en cuenta que las personas que acuden a este tipo de préstamos no pueden acceder otros créditos menos gravosos, y que las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, “las cuantías de las cuotas alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor ‘cautivo’ “. Finalmente la deuda se ha cancelado y la mujer ha logrado una devolución de 1.200 euros teniendo en cuenta que ya había pagado 2.000.
Una tarjeta de un crédito difícil de abonar
Por otro lado, esta misma persona contrataba en 2007 una tarjeta de crédito con la banca Wizink Bank a un tipo nominal anual del 20,9% para el pago de aplazamiento de compras y del 21,9% para las disposiciones en cajeros. La cosa no se quedó ahí, ya que en estos años los intereses han ido subiendo hasta superar el 25%.
Fueron 2.400€ los que se solicitaron y se llegaron a abonar más de 7.000€. El juzgado arandino ha cancelado una deuda existente de casi 2.000 € y se ha logrado la devolución de 4.500€ de principal y 800€ de intereses.
Sergio Moreno es el abogado arandino que se ha encargado de emitir las dos demandas en nombre de la consumidora. En el poco tiempo que lleva dedicado a la abogacía ya son una veintena las sentencias de este tipo que ha logrado ganar de este tipo. Hay mucha gente que no se atreve a reclamar porque son entidades gigantes, pero son personas que no tienen conocimientos financieros, los bancos no envían siquiera el contrato, y se aprovechan de los que en un momento dado no tienen dinero y aceptan lo que sea en una situación límite y angustiosa”, explica el profesional.
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