Llamadas de queja a superiores, vetos en contratos y eventos, premios y castigos publicitarios con el dinero de todos, persecuciones, despidos, expedientes... Esa es una forma de gobernar, la llevamos observando (y sufriendo) años. Hay personas que lejos de asumir el poder político como un servicio público, lo toman para ejercer la superioridad contra aquellos que no les bailan el agua. Una tendencia que se incrementa cuando se perpetúa el poder en el tiempo muy por encima de sus posibilidades. Los dueños del cortijo, frente a los súbditos del feudo. Esa supremacía que parece otorgar un poder mal asumido termina generando víctimas, daños colaterales, y casos ejemplarizantes. Pena que tanta supremacía no se canalice en reivindicar las infraestructuras de futuro, ejecutar las obras en condiciones o dotar a la ciudad de la evolución que se merece en todos los ámbitos. Ese, ‘Aquí mando yo’ dirigido a liderar un mejor futuro para todos, y no a pisar las voces disonantes.
Criticar una gestión lleva sus consecuencias, sin duda. En el caso de esta cronista es algo que va el oficio y se asumen los daños colaterales. En otros ámbitos es más complicado. Especialmente, entre aquellos que trabajan bajo su “amparo”. También los que optan a contratos o subvenciones, incluso cualquier ciudadano de a pie que ose rechistar. Declarar en el juzgado cosas que no gustan, o emitir informes que no satisfacen, termina en despidos “arbitrarios” en este Ayuntamiento (letrada urbanista). Llevar el micrófono en concentraciones, y lograr atraer el foco de información, incluso a medios nacionales, es otro tema que no se perdona. Al del megáfono, bombero de profesión, le quieren expedientar a lo grande. Algo así como que cunda el ejemplo y el resto de los trabajadores, tanto de extinción de incendios como municipales en general, tomen conciencia de que calladitos están más guapos (y su puesto de trabajo más seguro). Lo reflejaron de manera metafórica los bomberos en su concentración silenciosa, con pancarta en blanco, en respuesta a esa especie de política del miedo. Ante estas actuaciones de poder, siempre queda la justicia para defenderse, pero esa justicia llega demasiado tiempo después y tiene un precio (más allá del económico).
De momento, un auto judicial obliga a incorporar a la letrada urbanista despedida ahora hace dos años. Sonrojo tendría que dar, como mínimo. De dimisión ni hablamos, porque se desconocer el término (y para que perder el tiempo). Respecto al expediente a un bombero, desde el Ayuntamiento no saben nada de ello, y desvían a que el proceso está inconcluso y en fase probatoria. Llama mucho la atención estas acciones tan contundentes, cuando hemos visto otras totalmente contradictorias. Por ejemplo, el escándalo más grave de la historia municipal se saldó, años después, con el premio de un cargo de confianza. ¡Qué cosas!
Todo tiene fecha de caducidad. También el poder. Ahora, en cuatro años, en ocho… Luego queda, el legado.
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