Comenzamos esta semana con el mandato plenario de crear una comisión de investigación. Así se decidió por la mayoría absoluta que suman los partidos de la oposición tras una moción del PP que pedía que se articulara este tipo de acción administrativa con la que, afirman, se debe de dilucidar si hay o no indicios de irregularidades en todo lo que denuncia públicamente la exconcejala de Personal en su escrito de renuncia. Una vez pasado el golpe de efecto del debate plenario, que supuso un correctivo público importante, especialmente para el primer edil, habrá que determinar si la moción busca algo más que el desgaste político de un momento dado, por parte de quienes la han aprobado. Y, por otra parte, habrá que esperar también para comprobar la disposición del gobierno municipal para ejecutar esta comisión, porque ya se intuían ciertas trabas al respecto en los momentos previos y algunas ‘faltas’ que se achacaron al documento.
En cualquier caso, en política, se ha hecho ya más que famosa la frase de “si no quieres que algo se sepa, crea una comisión de investigación”, se adjudica a Wiston Churchill, aunque hay otra atribuida a Napoleón que habla en términos similares. Y es que parece que las comisiones de investigación terminan quedando en agua de borrajas, e intentan ‘suplantar’ el trabajo de la justicia, en un ejercicio de propaganda política que a veces no llega a tener ni el más mínimo recorrido. Si hay cosas graves que deben ser investigadas, para eso está el ámbito judicial, que pone nombre a las irregularidades, a los posibles delitos y a las absoluciones.
En Aranda algo (o mucho) sabemos de comisiones de investigación. Por ejemplo, en el año 2015, a propuesta de Si Se Puede (agrupación de electores previa a Podemos) se aprobó la puesta en marcha de una que investigara el caso Proincove, el pago de las parcelas del Sepes y de unos terrenos ocupados de manera irregular en la carretera de La Aguilera. Todos los asuntos salieron a doblón a los bolsillos de los ciudadanos. Aquello no llegó a nada. Previamente, tres años antes, en 2012, se había anunciado una a propuesta del concejal del PP, Javier Rojas. Tampoco interesó demasiado a nadie ponerla en marcha. Por otra parte, en febrero de 2011 se creó una comisión de investigación sobre la plaza de toros a petición de Prcal. Saltó por los aires casi antes de empezar, al formar parte de ella algunos de los cargos involucrados en el asunto. Sin duda, la que más juego y titulares dio se sitúa con la llegada del siglo XXI, aquella que quiso poner luz al denominado escándalo de cultura. Cada declaración, de las cuales existen actas, se convertía en una sorpresa mayúscula. En mis primeros pasos en este oficio, nunca olvidaré esas declaraciones de pagos a tocateja en cafeterías, de llaveros publicitarios pagados no se sabe cómo, de dineros en cajones y cuentas, y de aquellas entradas que durante años se pagaron, pero no existían en la contabilidad. Parece mentira que todo aquello, por un pacto político quedara ajeno a la justicia. También que todavía haya gente que, después de todos, se permita dar clases de moral y de gestión. Menos mal que queda la memoria y la hemeroteca.
Volviendo al tema que nos ocupa, si existe “verdad” en ese escrito de renuncia de la exconcejala, debería depurarse en los órganos competentes, buscando la realidad y no el rédito político. Así lo piden también los representantes de los trabajadores. Esperemos a ver lo que da de sí la comisión, en la que hay poca (o nulas) expectativas.
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