De récord

22 años para ratificar la ilegalidad de una construcción. La verdad es que suena a Récord Guinnes. Hablo de la situación de la plaza de toros Ribera del Duero. El punto final a la vía administrativa que determina que esa instalación incumple y no se puede utilizar, ha llegado justo en la efeméride de su venta, en abril de 2003. Un tema escabroso en el que no sólo hay un culpable. Las responsabilidades se las reparten entre el incumplidor y todos los cómplices políticos (y alguno técnico) que le han colaborado en estas más de dos décadas. Aquellos que, en lugar de defender los intereses públicos y generales, y guardar la dignidad patrimonial de la ciudad a la que representan; han ido buscando recovecos. Estratagemas para intentar ‘salvar’ a un infractor, y ‘disfrazar’ la imagen de los representantes públicos, emprendiendo acciones que han terminado enrevesando más el asunto y que se han tumbado por la justicia. Desde las licencias provisionales para celebrar festejos taurinos anuladas a posteriori por el juzgado, hasta la ilegal licencia de apertura propiciada con nocturnidad y minoría, pasando por la última ‘solución’ in extremis de dejar el coso fuera de ordenación en la enésima huida hacia adelante. El tema es tan ‘incómodo’ para el ámbito político que, en los últimos tiempos, le está acompañando un silencio sepulcral, por parte de todos. La oposición calla porque le salpica de lleno a la mayoría, mientras que el gobierno intenta pasar de puntillas, ante el error manifiesto de dar cuerda a alguien que lleva dos décadas riéndose de los arandinos. En aquella comida (o no comida, picoteo en la barra) llevada a cabo en un “sitio neutral” situado en un restaurante de la Ribera del Duero.  
Ahora, vuelve a tomar protagonismo el informe contratado a un letrado externo al Ayuntamiento, que se emitió en el año 2013, y marcaba ya entonces la hoja de ruta para aprobar la resolución del contrato de compra-venta (más bien regalo) y la reversión de las instalaciones. Se decidió, por aquel entonces, esconderlo (y allí sigue) en el fondo más profundo de un cajón y optar, un año después, por aprobar una licencia de apertura anulada por no cumplir la legalidad. Si hacemos cuentas, ahí nos salen doce años perdidos. Eso sí, se ha dejado hacer caja durante gran parte de este tiempo, bajo el pensamiento de que el pan y el circo lo solventa todo. Se demuestra que no. 
En las conclusiones de ese informe (que recomiendo a los munícipes que lean) vienen los pasos a seguir y algunos datos a sonrojar. Por ejemplo, se recuerda que las obras de esa plaza tenían que haber estado terminadas y ajustadas a la licencia de obras el día 1 de septiembre de 2006, justo dos años después de la aprobación de la licencia de obras (31 de agosto de 2004). Eso sí, ese permiso de urbanización se otorgó cuando la plaza ya estaba medio levantada. El dictamen del letrado ya dice que hay “incumplimientos contractuales culpables” (obras, días de uso, etc), que la resolución se tiene que acordar en pleno en un proceso que supondría la reversión a propiedad pública de los terrenos y construcciones, más una posible indemnización si ello no excede la garantía incautada. Marca incluso los plazos para el proceso administrativo y las formas. Siempre se ha mirado (y se mira) hacia el otro lado. Nunca nadie, ni político ni técnico, ha querido desempolvar el mismo, nos tendríamos que preguntar el porqué. 
Ahora se abre una nueva incógnita. Cómo se van a mover los peones en el tablero y con qué nos van a sorprender unos y otros… Porque si algo tengo claro, es que este culebrón todavía no ha acabado. Pero, todo esto, el tiempo lo dirá.