Vamos a susto por sentencia. Eso es así, en lo que tiene que ver con materia de personal. Seguimos poniendo en marcha la calculadora para hacer frente a las costas. Ahora son 1.000 euros. Lo triste es que ya nos parece hasta poco por las abultadas cantidades a las que estamos acostumbrados. Me explico, la justicia acaba de decirle al Ayuntamiento que no es legal obligar a los trabajadores a hacer horas extraordinarias si éstos se niegan. Se lo ha tenido que explicar el juzgado a varios licenciados en derecho que entre exmunícipes y técnicos municipales decidieron firmar un decreto obligando a los bomberos a realizar horas extras, con notificaciones a domicilio por parte de agentes policiales. Ha pasado un año y medio desde aquello, y ahora la justicia pone de nuevo en el mapa esa situación. La sentencia vuelve a remover el panorama municipal, retomando a primera línea a la figura del jefe de bomberos accidental. Piden (sus compañeros) el cese inmediato, en un puesto que también está pendiente de un recurso de reposición presentado por un aspirante que aprobó un examen para esa plaza (el único), y suspendió en la revisión porque había cuatro preguntas mal corregidas por el mismo Tribunal.
Y a este revuelo se une el que colea de la semana pasada. La reincorporación de la letrada urbanista no fue tan cordial como se esperaba. Las altas esferas técnicas no quisieron darle la bienvenida amablemente como los tribunales resolvieron. A pesar de que había una orden política de su vuelta inmediata, se tardó cuatro días más en darle de alta en la Seguridad Social, incluso se le invitó a irse a su casa momentáneamente. Eso ha llevado a su abogado a retomar la idea de acudir a la vía penal por “acoso laboral”. Alude a la secretaria General y al jefe de personal. Da la impresión de que en el seno del Ayuntamiento se mantiene una ‘lucha’ para intentar demostrar que algunos funcionarios de alto rango mandan más que los políticos. Una cuota de poder que se ha gestado durante el anterior mandato y que parece puede acabar (el acaparar tanto) en breve.
Y entre todo este culebrón en materia de personal que vive una evidente crisis, vuelve a salir a la palestra la creación de una empresa municipal de servicios. Se puso de manifiesto en el último pleno. Se habló de consenso e incluso se marcó el plazo de un año, a más tardar dos. Uno de los primeros servicios a asumir: el de mantenimiento de parques y jardines. 1,4 millones al año y 30 trabajadores. Ese debate en el pleno, aunque cambiando los protagonistas, me hizo vivir una especie de Día de la Marmota. Aranda, 18 de agosto de 2015. Entonces, el Ayuntamiento acordó por unanimidad comenzar los pasos para poner en marcha una empresa municipal de servicios para asumir de forma paulatina competencias externalizadas a empresas privadas. Se marcaban el plazo de dos años. De todo aquello, nunca más se supo y han pasado más de ocho. Ahora se retoma el debate, todos los grupos vuelven a mostrarse abiertos, pero me permito mostrarme escéptica, visto lo visto, y conociendo los entresijos de las realidades. Todo apunta a que es necesario dar un poco de aire a la coalición Podemos-Izquierda Unida que defiende la municipalización de servicios entre sus máximas y ya vio pasar la adjudicación del aseo urbano.
Y ya para cerrar esta crónica de batiburrillo, en metáfora de cómo está la vida municipal, la plaza de toros vuelve a primera línea. Por fin, tras varios meses haciendo oídos sordos, el próximo lunes se realizará la inspección de la obra por parte de los técnicos municipales. A partir de ahí, llegará otra vez “el tomate”, seguro. La visita tendrá que definir lo que hay ahí dentro y cómo solucionarlo, si se puede o se quiere. El otoño pinta apasionante…
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