El precio del servicio público

El debate siempre ha estado ahí, aunque ha cogido fuerza en los últimos tiempos tras lo sucedido en Castrillo de la Vega. ¿Deben tener un sueldo estipulado los alcaldes de pueblos pequeños? Es un asunto que genera ciertas contradicciones, y cualquiera de las dos posturas tienen argumentos objetivos para tener defensa. La realidad es que debiéramos partir de la base de algo tan lógico como garantizar que los regidores de pueblos pequeños no tengan que poner dinero para realizar sus funciones, que no les cueste dinero (sí, pasa). Desde luego, eso debiera estar cubierto ya.

Respecto a la retribución mensual, ya hay algunos municipios de la Ribera del Duero que tienen estipulados esos sueldos (de medias jornadas, parciales, etc) para sus alcaldes. Lo han hecho de forma interna y plenaria y así ha quedado regulado, sin mayor problema. Lo que sorprende es una consulta popular y una amenaza de dimisión en el caso de que ese sueldo no llegue. Eso es lo que ha sucedido en Castrillo, cuya regidora entró a sustituir en este mandato municipal al anterior alcalde, después de décadas de trabajo altruista. Desde el primer momento, planea esa amenaza de dimisión. La realidad es que la carga de trabajo ya sabía lo que había cuando cogió el bastón de mando, no ha sido algo nuevo. Probablemente la consecución de su objetivo se debiera haber gestado de otra manera, la actitud con la que se ha llevado, en mi opinión, no es la más idónea.  Partiendo, que quede claro, que no estoy en desacuerdo con que tengan un retribución, lo veo hasta lógico, creo que las cosas se hacen de otra forma.

Lo más fácil sería un regulación general sobre retribuciones para pequeños consistorios. Basadas en habitantes, horas de dedicación o tiempo que se resta al ejercicio de la profesión laboral. También probablemente en ese caso, pesaría la decisión personal. Se corre un riesgo, de todos modos, porque la figura de alcalde de pueblos siempre se ha postulado como uno de los ejemplos más claros de servicio público. Trabajo gratis, críticas por la gestión, pero por el contrario una sensación de labor por el bien común. Si eso se pierde, entra en liza, la posibilidad de romper todo esto. Como digo me genera dudas.

El tema de regulación de cobros de representantes públicos también planea habitualmente en el Ayuntamiento de Aranda. Se cobran indemnizaciones por asistencias y solo la dedicación exclusiva de Alcaldía. En ese caso, pueden aprobarse más dedicaciones tal cual está ahora mismo diseñado, eso sí tiene que pasar por pleno incluyéndolo en las bases del presupuesto y lograr la mayoría absoluta. Otro de los aspectos que llevan debate está en la escasa diferencia retributiva entre gobierno y oposición. Aspectos que de vez en cuanto irrumpen en la actualidad con movimientos, muchas veces amparados en intereses personales. Esa modificación de retribuciones tiene que pasar por un gran acuerdo entre partidos, alcanzado en una legislatura (mandato municipal) para que entre en vigor en otra. Todos quieren, o la mayoría, pero luego no se atreven, porque una decisión nada populista y que choca con los resultados que se palpan en la gestión.

Y hablando de gestión municipal. Después de dos años y medio fuera del Ayuntamiento, Celia Bombín ha decidido decir no a un retorno como concejala. No estamos acostumbrados a este tipo de negativas, ya que no sabemos que tiene la política que genera tanto apego. Entrará la siguiente en la lista electoral de 2019, Teresa Bermejo, presidenta de la Asociación Ferial Bañuelos. De primeras debe asumir Cultura (casi convertida en un erial), Festejos y Juventud. Polígonos no, porque se puede decir que no ha existido. Mucho tomate parece para alguien que es nuevo en la gestión municipal. Lo más acertado sería una restructuración más a fondo de responsabildiades en el seno del equipo de gobierno. Si no la hay es porque parece que nadie quiere asumir más de lo que tiene o cambiar y demuestra que la alcaldesa está (con la marcha de Berzosa) en un islote bastante solitario.