Seis años después, nos colocamos de nuevo en el punto de partida. Eso sucedía en pleno, una vez más, el mismo documento o por lo menos el mismo paso. El de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. En el momento cero de la quinta intentona. La cuarta, como digo, seis años atrás, pero hace 13 años de la tercera, 15 de la segunda, 18 de la primera... Entre tanto, un documento en vigor que ya nació obsoleto y lleno de errores en el año 2000 y, en consecuencia, la perdida de competencias varias en materia urbanística a causa de ser unos inadaptados. Si no hubiéramos vivido en directo todos los pasos, podríamos pensar que es algo irreal e hiperbólico.
Rizando el rizo, la cosa pinta peor. Por lo menos, hace seis años el documento, 400.000 euros mediante, salía adelante por unanimidad y con un ambiente de entendimiento, que se fue diluyendo según se agotaban los plazos. Dos años marcados, que se convirtieron en seis para acabar con un reseteado y vuelta a empezar. Aunque finalmente no fructificó, parecía que daba sus primeros pasos con ciertos brotes verdes. Ahora, el consenso se intuye lejano e incluso algunos que votaron a favor tuvieron pocas palabras de alabanza. Unos critican que no se haya buscado acuerdo, que no se haya negociado, y los otros mantienen que no era necesario porque el documento es el mismo que seis años atrás, pero con las alegaciones aprobadas incluidas.
Los crecimientos se basan en unas zonas en Santa Catalina, en San Gil y en el denominado sector C. Y como siempre a la hora de repartir un pastel, aunque ya no sea tan jugoso como en épocas de bonanza, nunca llueve a gusto de todos. Hay voces en contra de la ampliación en la zona Santa Catalina en dirección a La Calabaza, otros claman por sus viviendas en Arroyo de la Nava anunciando medidas legales…
Por otra parte, en ese Plan General quedarán fuera de ordenación una gran parte de los 1.800 merenderos que existen en terreno rustico en el término municipal. Se calcula que más de la mitad se construyeron ilegalmente. Quedarán fuera de ordenación, pero ya se ha dicho que no se van a tocar. O lo que es lo mismo, no se derribarán ni se multarán. Eso sí, se insiste en que se regula, pero no se legaliza, lo que significa que no se podrán ni ampliar ni vender. Veremos.
No sucede lo mismo con aquellos que se levantaran después de noviembre de 2014. Momento en el que Junta de Castilla y León prohibió edificar en suelo rústico para evitar la proliferación de este tipo de construcciones y abrió la posibilidad a los ayuntamientos de regularizar las que existentían con anterioridad. En la actualidad, solo se puede obtener permiso para una pequeña caseta de aperos. De momento, ya se han levantado algunos expedientes sancionadores a propietarios, que se sienten agraviados.
A mayores, las personas que van a pedir permisos para las nuevas construcciones se encuentran con que no pueden. La incomprensión de muchos de esos ciudadanos llega cuando algunos que explican las normativas, puede que no hayan pregonado con el ejemplo. En el Ayuntamiento, ahora defienden que en enero un inspector urbanista pondrá freno a estas construcciones. Para ser sincera llevo casi dos décadas oyendo hablar de un inspector urbanista, que siempre se anuncia y nunca llega. Desde luego, que no habrá puesto que más nos dure.
Y, ya puestos a hablar de ladrillos, ahí sigue desde hace un año y tres meses el esqueleto de lo que iba a ser una comisaría de Policía Local. Hace unos días, una foto dejaba constancia de una bola de escombro que recordaba a aquellas del lejano oeste. Nunca está de más un recuerdo, a ver si sale del olvido.
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