
Del famoso diagrama de flujo, se pasó a la inservible auditoría, para más tarde llegar a la desafortunada y fallida fuera de ordenación. Anteriormente, se habían dado hasta siete licencias provisionales y, entre medias, una licencia de apertura que acabó tumbada por el juzgado (también las transitorias). No se puede negar que la ‘creatividad’ política no haya buscado fórmulas, durante dos décadas, para dar ‘una solución’ al problema de la plaza de toros. Se ha demostrado que poco efectivas y, desde luego, siempre favorables a la parte contraria. Ahora, ha llegado la enésima propuesta, la de la creación de un comité de expertos.
Eso sí, a golpe de titular y con pocas explicaciones. Se aportan los datos de sus integrantes, todos ellos abogados de reconocido prestigio (en eso no hay duda), pero no se dan detalles de cómo será su funcionamiento, su regulación, si estudiará toda la documentación o será a la carta, si sus decisiones serán vinculantes y si tendrán que ser o no ratificadas por un pleno (que es el órgano soberano). Si es así, se ha empezado haciendo amigos, porque los grupos de la oposición que suman doce votos, por encima de la mayoría absoluta, se han enterado del asunto por la prensa. Esta administración es de otro mundo.
Sobre la creación de esa comisión circulan varias teorías. Una de ellas es que la idea corresponde a una especie de puesta en escena política (o cortina de humo) para intentar maquillar dos años y medio en los que se ha hecho poco (o nada) sobre este asunto. Vamos entrando en arenas movedizas electorales y septiembre (y las fiestas) están muy cerca. Otra de las hipótesis que planea es que el trabajo parta de una documentación que anime a llegar a un acuerdo económico con el propietario, y el Ayuntamiento pague por esa instalación (que será ilegal, aunque pase a manos públicas) unos cuantos millones de euros, en un trato en el que se deje también medianamente ‘contento’ a Victoriano del Río. Otra conjetura se vincularía a la posible reversión, de los terrenos y la construcción, a propiedad municipal por los reiterados incumplimientos del contrato firmado en 2003. Una posibilidad que ya se ponía sobre la mesa por la jefa de Contratación en 2007 y, más tarde, en un informe de un abogado externo (experto) que se hizo público en 2013 y fue ratificado por el entonces secretario General del Ayuntamiento.
Seguro que alguna teoría más planea en el ambiente, y es evidente que siempre se puede acudir también a esa sabia frase (que tanto nos gusta) y que dice: ‘si quieres que algo no se arregle, crea una comisión’. Eso sí, si en este caso el planteamiento no es serio y objetivo, no le doy mucho más allá de una reunión, ya que estamos hablando de unos integrantes (no políticos) que no están para perder el tiempo, ya que tienen muchos otros asuntos a los que dedicarse. Ahí está la diferencia.
Por cierto, se supone que en esa comisión se dará cuenta del nuevo informe municipal sobre la plaza de toros de más de 400 páginas del que tanto se habla desde hace medio año y que, según anuncian (fuera de micros), desvelará muchos datos de culpables, ideólogos, malas praxis… La verdad es que tengo curiosidad, a ver si después de 23 años siguiendo este asunto, nos va a sorprender con algo nuevo. La cosa se antoja complicada, ya que hemos vivido hasta una veintena de procesos judiciales (con sus pertinentes sentencias) en el Contencioso Administrativo. Y no serán los únicos, el próximo 11 de noviembre hay una nueva cita, un juicio por el recurso presentado por el dueño de la plaza de toros en contra de la denegación de la licencia de apertura. Pero, hasta entonces, pueden pasar muchas cosas.
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