En el limbo

La palabra transparencia ha sido, probablemente, uno de las más utilizadas en la vida municipal en los últimos tiempos. Según la Real Academia de la Lengua, si la definición se refiere a una institución, significa que ésta proporciona información suficiente sobre su manera de actuar. Y ahí ya entramos al nivel de interpretación. Qué y cuánto es suficiente. Porque para unos no ha habido mayor transparencia en la vida y, para otros, nunca jamás existió tanta opacidad. Las palabras se pueden moldear a la carta, y las transparencias, sobre todo para lo negativo, no forman parte del menú, porque dejan entrever demasiado. Ahora, una asociación ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Aranda lleva casi tres años sin publicar las actas de los plenos y de las juntas de gobierno local. Las sesiones plenarias se celebran como mínimo una vez al mes, las reuniones ejecutivas de gobierno una vez a la semana. Por lo tanto, hay decenas y decenas de documentos perdidos en el limbo del lado oscuro, que por lo que sea no se quieren sacar a la luz. Es una obligación legal hacerlas públicas y basta anonimizarlas, o lo que significa lo mismo suprimir los datos personales que hay que proteger. Se está incumpliendo la ley en ese aspecto y la excusa de que no hay personal suficiente para hacer ese trabajo no hay quién la compre. En ese caso, se hubieran habilitado puestos para ello en las contrataciones temporales que se realizan continuamente y que, en muchos casos, van hacia funciones menos necesarias e incluso hasta desconocidas.

Y dentro de esa trasparencia (o no), irrumpe la oposición y las poco habituales comisiones informativas, que en este mandato parece que se han convertido en un hecho ‘extraordinario’’. Ni están, ni se las espera, y aquellas que se realizan son para dar cuentas de cosas que ya han sucedido, o para los pocos aspectos que se necesita dictamen para elevarlo pleno. Las competencias plenarias en las administraciones locales han ido cayendo en picado con el paso del tiempo, y prácticamente se quedan en presupuestos, temas de personal, pliegos para contratos importantes, o las ordenaciones urbanísticas. Las comisiones informativas, a pesar de no ser vinculantes, son la principal forma de fiscalizar y acceder a la información por parte de la oposición. También una forma en que todos cobren. Sin embargo, el gobierno se escuda en que son una pérdida de tiempo y tienen cosas más importantes que hacer (sean transparentes y digan cuáles).

Y hablando de comisiones, mejor dicho, comités, en este caso. Todavía estamos a la expectativa de la conformación del comité de expertos juristas que dé solución al problema de la plaza de toros. Ese nuevo ‘invento’ para manejar ese culebrón de veinte años en el que ahora nos tienen entretenidos. Se nos vendió como un comité “independiente” y “neutral”, pero cada vez se van cayendo más vendas en el asunto. Uno de sus componentes dictó en el año 2010 una sentencia a favor de Victoriano del Río como magistrado del Contencioso Administrativo. Era un tema menor, pero con un trasfondo importante porque se hablaba de la resolución del contrato y la vuelta a propiedad municipal de terrenos, instalación y se ponía sobre la mesa los posibles daños y perjuicios. En la resolución se decía que era un tema para dirimir en la vía civil y no en la administrativa. Un planteamiento contrario al que lleva otro de los integrantes del comité, ya que ese recurso se interpuso por la Plataforma Ciudadana. Extremo que refrendaba, además, otro de los expertos en un informe contratado por el Ayuntamiento. Ahí están tres de las cuatro patas, la última son los letrados del Consistorio, contratados para defender los intereses de sus clientes, como es lógico. Por lo tanto, neutralidad e independencia, cada uno la suya. ¿Transparencia? No podemos esperar mucha.

 

Foto: Disline Drones