La discreción

Agosto viene revuelto. En parte, por algunos temas de esos que son constantes y latentes, pero siempre se pueden superar a sí mismos, ya que no descansan ni en vacaciones. El rifirrafe entre el Ayuntamiento de Aranda y la Universidad de Burgos va camino de convertirse en un hit de este verano. Sorprende que no se haya percibido antes, que lo de la UBU era un farol electoral, que no ha tenido presupuesto (ni siquiera en intenciones), ni un plan de contratación de docentes para su desembarco en Aranda. Y, así, de esa manera, todo es humo. Ahora, llegados a este punto, y tras el clima de tensión abierto con notas de prensa cruzadas, poco hay donde rascar. Cuando no se tiene la sartén por el mango (como es el caso), de poco valen los ultimátum (del Ayuntamiento), porque a quien sí tiene el poder de decisión (la UBU) le da exactamente igual, ni se inmuta, responde con un correo que estará fuera por vacaciones y ahí os quedáis. Lo han dicho claro y cristalino (negro sobre blanco), están inmersos en la llegada de Medicina a Burgos capital, lo que es a fecha de hoy (y en el futuro más inminente) su única y exclusiva prioridad. En el asunto de la extensión, a nivel municipal, hay otro problema. De ello se habla menos, pero existe y preocupa (mucho, con razón), y se centra en la hipotética sede. Hay un temor evidente de no llegar en plazo a justificar las ayudas europeas de estas obras. Es una realidad, aunque públicamente se pretenda negar la evidencia.

En cualquier caso, me parece estupendo que el Ayuntamiento salga a ser crítico con la UBU, y conteste a la Universidad que no es ninguna indiscreción informar de lo que sucede a los ciudadanos, cuando le pretenden tirar de las orejas por decir más de la cuenta. No puedo estar más de acuerdo. Eso sí, ese discurso tiene que valer para todo, y no utilizarse a la carta. Por ejemplo, los ciudadanos nos hemos enterado por la factura de una comida en un asador (y por una pregunta en el pleno), que hay un nuevo abogado externo que está llevando el tema de la plaza de toros, para liderar el presunto acuerdo al que se quiere llegar con el propietario del coso. No valen los municipales, tampoco el gabinete externo contratado desde hace años como asesoría jurídica, ni tan siquiera otro letrado que ya hizo un informe exhaustivo sobre el tema. Ahora, entra una nueva ficha a jugar en el tablero. Se desconocen los méritos, motivos, objetivos o de dónde llega su recomendación. Ni tan siquiera sabemos si hay un documento oficial que adjudique la contratación de sus servicios. Lo digo, porque ya tuvimos un dramático caso, donde no hubo tal acuerdo de contratación y el concejal afectado y su partido tuvieron que pagar las minutas de un proceso judicial, de allá por 2002. También otra factura, de otro letrado, al que se encargó un trámite sobre el coso en 2014, está aún dando vueltas.

En fin, según se dejó entrever en el pleno, no se dan más detalles porque es todo supersecreto. Debe de ser que, en este caso, la palabra discreción tiene un concepto diferente al que se utiliza con la Universidad de Burgos. Habrá que preguntárselo a la RAE.

 

 

Foto: Disline Drones