La Excepción

Desde luego, lo que ha pasado en ese asunto desde el minuto uno ha sido cuanto menos raro, tirando de eufemismo. Una extraña concatenación de situaciones denunciadas y, en muchos casos, evidentes y constatadas, que han tenido como única respuesta de las administraciones afectadas, el silencio y el dirigir la mirada hacia otro lado mientras se dejaba hacer la bola más grande.

La semana pasada, nos enteramos de que en lugar de exigir restaurar la legalidad, tirar la parte irregular y abrir un expediente sancionador por no cumplir el proyecto al construir parte de su instalación en una parcela rústica, la inacción del Ayuntamiento ha propiciado que se haya aprobado el uso excepcional para esos terrenos por silencio administrativo. Algo sorprendente, en primer lugar, porque parece una entelequia que algo que tiene informes técnicos contrarios se pueda propiciar, incluso con el silencio político, pero así nos lo cuentan y así se ha ejecutado. Hablamos de la planta de gestión de lodos situada en la carretera de La Aguilera, que tantos y tantos espacios informativos ha llenado por las reiteradas quejas de los vecinos, por la desautorización de la Junta a la labor de los agentes medioambientales, y la contaminación de los pozos situados en sus aledaños, entre muchos otros aspectos que aderezan un culebrón más en la vida arandina.

En el año 2014 se detectó el incumplimiento a la hora de construir la planta más allá de lo permitido. Una década después, llega una nueva labor de ‘maquillaje’ con la aprobación del uso excepcional en suelo rustico de la parcela aludida, mientras se espera la resolución en el juzgado de la legalización o no de la construcción en ella. Todo ‘ayudado’ con la declaración de utilidad pública de la planta (que se lo digan a los vecinos) en 2012. En los últimos años, tras las reiteradas denuncias públicas, hemos preguntado de forma insistente al anterior equipo de gobierno por este asunto del vertido de lodos y contaminación del subsuelo, y por cómo estaba regulada esa actividad. Durante todo este tiempo, se nos contestó insistentemente que el tema era potestad de la Junta y así el Ayuntamiento se lavaba las manos. No debieron utilizar un jabón de la suficiente calidad, porque con esta resolución se demuestra que el Consistorio sí tenía mucho que ver.

A la hora de argumentar este caso, desde el equipo de gobierno actual se intenta decir que no aprueban el uso excepcional (aunque de facto se hace), sino que ejecutan los informes al haber asumido esa herencia. Un legado envenado que aceptaron públicamente con demasiada deportividad y con un miedo a la crítica o a tirar del román paladino, que denota cierta debilidad política. Por su parte, la anterior alcaldesa (ahora senadora), al ser preguntada en una rueda de prensa, optó por lanzar la patata caliente a la actual portavoz popular con la excusa de que estaba más informada de ese asunto. Parece sufrir amnesia selectiva de ese tiempo pasado en el que fue la mayor responsable municipal, el mismo en el que se prolongó el silencio del que hablamos. En el resumen, los populares culpan a los nuevos aludiendo a que el Plan General, que se aprobó en los días anteriores las elecciones municipales, entró en vigor ya en este mandado. Anteriormente, según el PP, las licencias dependían de la Junta, aunque obvian que eso solo sucedió durante un máximo de dos años.

El tema, desde luego, seguirá dando que hablar, llenando páginas y generando sorpresas. Y es que tiene todos los ingredientes para aquello de piensa mal y acertarás. Que se lo digan a los agentes medioambientales, que frenaron la actividad, fueron desautorizados por sus superiores políticos, que incluso se negaron a pagar su defensa cuando la empresa aludida les llevo a los tribunales. La justicia tuvo que reconocerles el pago de esos abogados al haber sido denunciados mientras ejercían su labor profesional. Lo dejamos aquí en punto y seguido, no hay duda de que llegarán nuevas entregas.