La pasta

Si hay un tema recurrente como arma arrojadiza en la política, por su impopularidad, es el de las liberaciones y los sueldos en general de la clase política. Llama la atención porque a todos les molestan las del bando contrario, pero les parecen totalmente justificadas las suyas. A partir de ahí, entran en el juego argumentos de todo tipo para salvaguardar las propias y tumbar las ajenas. En mi opinión, el trabajo (también en la política) hay que pagarlo, eso sí bajo unos criterios de justicia. Para liberar a alguien, se supone que previamente ha de tener un trabajo. Y lo normal sería compensar a las personas que abandonen esas labores privadas con un sueldo como el que estaban cobrando en su labor profesional, más un tanto por ciento por la exposición pública que supone el cargo y demás daños colaterales. Que nadie pierda dinero por dedicarse a trabajar por el interés general, pero que nadie utilice la política para tener un sueldo que no tiene en otro sitio. Además, evidentemente, de la justificación de que su carga de trabajo necesita una jornada de ocho horas. Esa es mi opinión respecto a las liberaciones.  No me vale el pan y circo para todos, ni las cuotas de poder basadas en pactos (de cualquier tipo) porque eso más que generar igualdad, provoca la distancias, no valora los méritos y genera la desconfianza (y desapego) del ciudadano sobre la vocación del servicio público

En estos días, un rebote por una crítica política por la falta de información en la presencia de Aranda en Fitur, ha puesto de nuevo el foco en las liberaciones, una vez más. El PSOE acusó a Sentir Aranda de falta de transparencia en ese asunto (y en tantos otros) y el partido del gobierno se despachó con un embestida en redes sociales sobre la liberación del diputado provincial socialista y portavoz de ese grupo municipal en el Ayuntamiento de Aranda. Acción-reacción, (sin guardar un mínimo de luto). La verdad es que arremeter contra un liberado, puede tener el típico efecto bumerán, porque se pone el foco en él, pero también en los cinco del Ayuntamiento de Aranda: el alcalde, más los cuatro concejales. Y empezamos de nuevo el bucle.

Hablando de cifras y transparencia, según los acuerdos publicados de retribuciones para el mandato 2023-2027, la Diputación de Burgos cuenta con diez liberados, entre ellos el portavoz municipal socialista, que aparece con una cantidad de 47.000 euros al año distribuidos en 14 pagas, más el alta en la seguridad social. El ente provincial, por cierto, es una de las instituciones que mejor paga a sus diputados que en los meses buenos superan los 3.000 euros y casi nunca bajan de los 2.000. No está mal. En lo que se refiere a las cortes de Castilla y León, los dos procuradores arandinos en esta legislatura que acaba de terminar (uno del PSOE y otro del PP), no han tenido liberación, por lo tanto, ambos han cobrado por sus presencias. 220 euros por asistencia a plenos, comisiones y demás, sin un máximo mensual. Vayamos ahora con los senadores de a pie, que también interesan, y cobran algo más de 92.000 euros al año.

Y ya para cerrar el círculo, en el Ayuntamiento de Aranda, según las bases de ejecución del presupuesto 2026, el alcalde tiene un sueldo (bruto) de 63.888,61 euros al año, tres de los liberados una retribución anual de 42.000 euros, y otra liberada al 85% un total de 35.700 euros. Los concejales del equipo de gobierno sin liberar y los portavoces de la oposición reciben 210,61 euros por asistencia, hasta un máximo de siete asistencias mensuales. Tirando de calculadora, se traduce en 1.474,27 al mes y 17.691 euros al año, siempre y cuando completen las asistencias, o se celebren comisiones suficientes. Los ediles de la oposición 185,26 euros por asistencia con un máximo de seis asistencias mensuales. 1.111 euros al mes, y 13.338 euros al año.

Esa es la realidad económica de los políticos que nos rodean, aprovechando que ellos mismo han vuelto a poner en el foco, esas las liberaciones y pagas. ¿Mucho, poco, o justo? Ahí está la cuestión