
Así como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado a justo un mes de las fiestas patronales. 31 días. O lo que es lo mismo, han pasado 14 desde que el propietario de la plaza de toros, Victoriano del Río, tendría que haber presentado los carteles de la feria taurina en honor a la Virgen de las Viñas. Recordemos que tiene la obligación de organizar las tardes de toros, como no puede en su plaza, en una portátil. Un año más, no lo va a hacer. Y un año más, ni se le ha requerido, ni el incumplimiento tendrá consecuencias. Ya pasó en 2022, 2023, 2024, 2025, los tres últimos bajo el mandato del actual equipo de gobierno. El que escarba en lo que pasó hace veinte años, pero tiene una dejación absoluta de funciones de lo que sucede bajo su reinado. Este es un ejemplo, pero hay más, como el de mirar hacia otro lado cuando se organizan capeas, tentaderos y encuentros varios en el interior de una instalación ilegal, aun teniendo constancia de ello. Ahora, a mayores, hay una peña que celebrará el vermú y la comida de su 78 aniversario, en el aparcamiento del coso taurino. Una zona también declarada por el propio Ayuntamiento como ilegal, por lo tanto, que no se puede utilizar. Lejos de haber precintado toda la instalación, se prefiere obviar un problema, y cruzar los dedos para que no suceda nada. O si algo pasa, ya emplearán sus tiempos y esfuerzos en decir que no es culpa suya.
Mientras tanto, un movimiento ciudadano sigue en su cruzada para intentar colocar una portátil durante estas fiestas, pero ya suena a una posibilidad más de medio plazo que corto, porque los tiempos a estas alturas no son manejables. Buscan una reunión con las peñas para garantizar un número suficiente de abonos que haga viable la operación. A un mes vista, se antoja imposible. Parece que están sembrando de cara al futuro.
Y para rematar el cuadro ‘plazatoril’, ahora se ha presentado una denuncia en Fiscalía por una presunta prevaricación administrativa por omisión, sumado a una presunta prevaricación urbanística en el tema de la plaza de toros. Está firmada por la asociación El Observatorio y se dirige a las autoridades que tienen la competencia para promover la restauración de la legalidad urbanística del inmueble y la potestad sancionadora por los incumplimientos. En la denuncia se considera que puede haber delitos penales por omitir esa responsabilidad a pesar de los informes y los requerimientos. Están reescribiendo la historia de 2003 y no hay tiempo para dignificar y ejecutar la historia de 2026. Será que para eso tendremos que esperar a 2050. No sabemos a costa de qué y de cuánto.
Y no quiero terminar sin referirme a la ARU, un nuevo recuerdo para esas obras paralizadas y esos vecinos desamparados sin una solución a primera vista (según se palpó en la comisión de obras). No hablo de los portavoces o las caras visibles de esas comunidades, sino de esos propietarios de avanzada edad que, en algunos casos, llevan semanas sin poder salir de sus casas y son los grandes olvidados. Como aderezo, además, este fin de semana se han sumado esos rellanos encharcados e inundados por la tormenta del sábado. Eso es un preámbulo de lo que puede suceder si no se actúa a tiempo, con la llegada del final del verano. Puede que se empiece a meter la quinta marcha cuando comiencen a ser conscientes del rédito electoral que puede suponer esta situación. No tenerlo al lado, no significa que no exista. Cuando las urnas se acerquen, si la cosa se pone fea, llegará el sálvese quien pueda y veremos cómo se suelta lastre.
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