El 16 de noviembre de 2018 comenzaba este reto de intentar contar la actualidad de una manera diferente. Se cumple el primer aniversario de La Otra Crónica con más de medio centenar de artículos en los que he intentado plasmar el análisis, la visión crítica, los datos más desconocidos, en un espacio donde se une la información y la opinión. El balance para quién escribe ha sido más que positivo. Gracias a todos por seguirnos. Por aplaudir y criticar, por estar de acuerdo y por discrepar, siempre desde el respeto y la educación. Por aportar, por proponer y por corregir, si ha sido necesario. ¡Muchas Gracias!
Me apetecía empezar con este recuerdo a la efeméride, antes de meterme en otros detalles que traen la actualidad muy calentita. El surrealismo que gira en torno a la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana no deja de sorprendernos. Podría sonar todo muy berlanguiano, si no fuera porque hablamos de un tema fundamental y no de una ficción en la pantalla. Después de cinco años, sí cinco años, de la aprobación inicial del PGOU, en noviembre de 2014, un informe desvela que se incurrió en un defecto en la tramitación al no hacer la publicación de esa aprobación en un periódico provincial, algo que es obligatorio, además del Boletín Oficial. Como ya estamos acostumbrados, la maquinaria municipal entra en funcionamiento in extremis, de forma acelerada y con pocos tintes de equilibrio. Junta de Portavoces urgente para presentar el desaguisado a la oposición, pocas explicaciones al respecto solo que hay que hacerlo sí o sí y convocatoria exprés de pleno extraordinario para revocar esa aprobación inicial. Después de cinco años, tres de ellos en los que parece que el documento ha estado en un cajón y que a nadie del gobierno le interesaba sacarlo adelante, ahora algo quema y se quiere arreglar sin dar explicaciones y, da la impresión, que escondiendo parte de la información.
El varapalo que se llevó el bipartido de Partido Popular y Ciudadanos, dejó a algunos dirigentes descolocados y noqueados. Levantando teléfonos sobre todo intentando presionar a VOX. El partido se posicionó a favor de dejar el asunto sobre la mesa y sus votos fueron determinantes para que la revocación no saliera. Teniendo constancia de que esto podía pasar, desde el gobierno se acudió a la secretaria general para que ofreciera una intervención en la sesión plenaria con el claro objetivo de convencer a los concejales de VOX para que cambiaran su voto. Una intervención que pareció más política que técnica y que no convenció a los ediles. Se piden más garantías, estudiarlo con más tiempo y que se constate que el trámite a seguir se ajusta a la legalidad y no va a tener consecuencias negativas. Se quiere revocar una aprobación inicial, para luego llevar a aprobación inicial un documento diferente al que se dio luz verde hace cinco años. Se llevaría el documento ya con las alegaciones incluidas. Algunas fuentes jurídicas, apuntan a que esa nulidad también supondría que todos los actos adoptados después de la aprobación inicial son nulos de pleno derecho, entre ellos todas las alegaciones presentadas y los acuerdos que se refieren a ellas. Preguntas en el aire que se eluden y sospechas de porqué ahora tantas prisas…
Observando como se ha tramitado el Plan General de Ordenación Urbana, alguien mal pensado podría llegar a la conclusión de que no interesa que salga adelante. Se escudan en el Ayuntamiento en que el documento se prolonga tanto porque es un trámite muy largo y complicado, pero hay que recordar que fuera de Aranda, las ciudades aprueban PGOUs, por lo tanto, es posible. Es el cuarto intento de adaptación que he presenciado. Allá por el año 2002, el entonces secretario general y un arquitecto municipal llevaron a cabo un documento que al final se quedó en un CD sin llegarse a tramitar. En el año 2004 se contrató a un estudio burgalés por algo más de 35.000 euros para hacer el trabajo (entonces había que adaptar menos, de ahí el precio). Más allá de presentarnos un plano contándonos que la distribución de Aranda tenía forma de “perrito”, nada más se supo. En el año 2006 se decidió de nuevo tramitarlo desde dentro, un trabajo que estuvo marcado por decisiones políticas, con grandes edificabilidades y nuevos sectores. Comenzó en un mandato del PP, se continuó en el siguiente socialista y, como estaba cantado, la Junta tumbó el documento. Finalmente, en el año 2012 se contrató el trabajo actual, por 400.000 euros, a un equipo redactor que ha culminado con éxito varios planes en distintas ciudades de la región. Hasta que llegaron a Aranda. Aquí, seguimos siendo unos inadaptados, urbanísticamente hablando.
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