Proponen la sustitución de las licencias urbanísticas por una declaración responsable para salir de la crisis

Desde el sector de la construcción aseguran que el Ayuntamiento de Aranda puede hacer algo que, sin ningún tipo de inversión, puede activar de forma rápida la economía de la ciudad. Teniendo en cuenta que la tramitación de las licencias urbanísticas es algo que se prolonga mucho en el tiempo y que además todas las peticiones se encuentran ahora paralizadas por la crisis de la COVID-19, el Consistorio arandino podría “mover ficha” y solicitar a la administración regional la sustitución de las licencias urbanísticas por una declaración responsable, un documento mediante el cual los interesados manifiestan, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades y el resto de la normativa para acceder al reconocimiento del derecho a realizar una obra o iniciar una actividad.

Esto es algo que ha promovido ya, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y que ha tenido el visto bueno de la Comunidad madrileña según lo ha dado a conocer su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Por ello los constructores opinan que tanto para ellos como para las empresas que realizan reformas, como para aquellas que prestan servicios en lo que a la construcción y rehabilitación se refiere, sería positivo dar ese paso también en Aranda para que cuanto antes se regrese a un funcionamiento normalizado de la economía ribereña. “Tienen que preparar la vuelta con agilidad, porque existe un freno en la concesión de licencias y, desde luego, el constructor se cuidará mucho de cumplir con la normativa urbanística porque los proyectos requieren de fuertes inversiones y tiene mucho en juego, explica Miguel Riesgo, director general del grupo CHR, quien añade que “nos tenemos que poner las pilas todos, empresas y administraciones.

En materia de empleo, el sector de la construcción es el que menos daño ha sufrido. Los últimos datos de desempleo señalan que en la comarca ribereña no se ha perdido ningún trabajo en ese sector. Mucho tiene que ver el hecho de que la prohibición de su funcionamiento en el estado de alarma ha sido mínimo, apenas 15 días, frente a lo que están sufriendo otros sectores. También al hecho de que los proyectos que se realizan son de larga duración. A pesar de ello, el cierre de empresas proveedoras está suponiendo que se demoren los plazos de ejecución y, por tanto, en pérdidas económicas.

En cuanto al mercado, existen proyectos que estaban a punto de ponerse en marcha pero que se han frenado, también hay clientes que han optado por esperar un poco para comprar. “Con la anterior crisis sufrimos mucho”, comenta Riesgo, que ve en eso no una deficiencia sino una fortaleza de cara a esta nueva crisis. Y es que el hecho de que la financiación se encuentre totalmente monitorizada, asegurando la solvencia tanto de clientes como de constructoras y promotoras permite, además de una trazabilidad en materia económica, “que el sector que esté bastante sano sin promociones fantasma como antes y carecían de viabilidad”.

El sector de la construcción también critica la tardanza del Ayuntamiento arandino para poner en marcha el nuevo PGOU, paralizado desde hace años. La Asociación de Empresarios de la Construcción (ASECON) exigía el pasado mes de noviembre la fijación de plazos concretos para desbloquear la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la capital ribereña. Un documento que quedó en una especie de limbo burocrático a continuación, en el mes de diciembre, cuando el Pleno tomó la decisión de retrotraer el expediente a 2014 por problemas de forma, con el fin de elaborar un documento para proceder de nuevo a su aprobación inicial y exponerlo públicamente.

Y es que, la falta de suelo para construir está provocando una fuerte demanda del poco que hay, con un incremento en el precio que al final repercute en el comprador. “Si no se ponen mecanismos ya de planeamientos a disposición de empresas para que los ciudadanos puedan comprar precio mercado esto nos va a pasar factura a todos, porque se puede pensar que cuanto más suba el precio mejor para los promotores, pero lo cierto es que nos interesa que el mercado este sano con un precio de la vivienda asequible y con demanda constante. Es importante que haya suelo y que esté bien gestionado”, concluye Riesgo.