Las cosas del coso

El juzgado tendrá que decir sobre la legalidad de la licencia de apertura concedida con los informes contrarios

10/06/2019 7:30 | SUSANA GUTIÉRREZ

Se van a cumplir cinco años desde que se tomara aquella polémica y entredicha decisión y el juzgado será finalmente quien tenga la última palabra sobre la legalidad de la licencia de apertura de la Plaza de Toros Ribera del Duero. Aquella que se otorgó sin realizar la pertinente inspección urbanística y con los informes jurídicos municipales contrarios, entre otros aspectos. La reactivación del proceso por parte del Contencioso Administrativo, nos ha refrescado aquellas circunstancias que dieron tanto que hablar en el verano del año 2014.

Aquellas visitas reiteradas del propietario del coso, ya nos ponían sobre aviso de que algo se estaba cociendo en el seno del Consistorio para allanarle el camino. Luego llegaron la suspensión de la caducidad de licencia, la aprobación del uso excepcional de suelo rústico para los aparcamientos, unos informes privados a la carta y un largo etcétera… Todo ello tuvo su punto más álgido en una junta de gobierno local convocada a horas intempestivas, a la que solo acudieron cuatro de los ocho miembros del órgano ejecutivo: Raquel González, Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín. Los cuatro ausentes: Javier Rojas, Diego Velázquez, Celia Bombín y Ángel Calvo no se posicionaban en público, pero fuera de micrófonos confesaban, sin ningún tipo de problema, que no querían apoyar algo cuya legalidad era dudosa y que, en ningún caso, estaban dispuestos a asumir esas posibles consecuencias de futuro.

La decisión entonces, se tomó con un claro objetivo electoral de cara a las municipales de mayo de 2015. Una jugada que, junto a la crisis en el seno del Psoe con la escisión en el RAP, les salió bastante bien, a las pruebas me remito. Un redito electoral que, por el contrario, puede salir muy caro a todos los arandinos de cara al futuro. Porque en el caso de que esa licencia sea declarada ilegal, seguro que el propietario se lava las manos y culpa al Ayuntamiento de la chapuza, incluso puede ser capaz de exigir responsabilidades. Y es que, además de todo esto, en 2016, dos años después de conceder esa licencia, el arquitecto municipal en un informe refleja que el coso sigue incumpliendo y que el Ayuntamiento no ha puesto las medidas necesarias para requerir a Victoriano del Río que rectifique los aspectos que a día de hoy continúan en el aire

El juzgado cita ahora a los testigos en el proceso judicial. El dueño del coso, Victoriano del Río, solicita la testificación por escrito de la actual alcaldesa en funciones, Raquel González, el concejal de urbanismo en funciones, Alfonso Sanz y el ex alcalde (2003-2007), Ángel Guerra. Los tres declararán por escrito, ya que se pueden acoger a ello al ser cargos públicos. Se suma también como testigo del propietario, su hijo Pablo del Rio, arquitecto redactor del proyecto.

Por parte de la Plataforma por la Plaza de Toros, se piden las declaraciones por escrito del ex secretario municipal del Ayuntamiento. En vista oral se solicita que acudan como testigos la letrada de obras que realizó los informes y un arquitecto municipal. Asimismo, se pide la presencia del ex concejal del PP, Diego Velázquez, quien en declaraciones públicas siempre ha mantenido de forma reitera que fue expulsado de una comisión de gobierno por manifestar que iba a votar en contra del asunto de la plaza de toros. Velázquez defiende que está deseando contar toda la verdad delante de un juez. También se pide la comparecencia de la concejala en funciones, Celia Bombín quien, sin excusa aparente, no acudió a ninguna de las juntas de gobierno en la que se aprobaron los asuntos referentes al coso taurino. De nuevo los juzgados toman protagonismo en un proceso que parece que todavía tendrá un largo recorrido.