El juzgado investiga a la alcaldesa por una presunta prevaricación urbanística

Se han abierto diligencias por la concesión de la licencia de apertura a la plaza de toros

02/01/2020 14:06 | DR

La alcaldesa de Aranda, Raquel González tendrá que dar explicaciones ante la jueza sobre cómo se procedió a la concesión de la licencia de apertura de la plaza de toros. En concreto, el juzgado numero 2 de Aranda investiga a la primera edil por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística al dar ese permiso el 9 septiembre de 2014. También aparecen como investigados, el actual concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz y las ex ediles Azucena Esteban y Mari Ángeles Marín.

La Plataforma Ciudadana por la plaza de toros presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en la que detallaba que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Aranda, «con carácter extraordinario y urgente y con la participación de cuatro de sus ocho miembros», acordó la concesión del permiso de apertura del coso y sus anexos. A la comisión ejecutiva asistieron  cuatro de los ocho miembros. Los otros cuatro componentes: Ángel Calvo, Javier Rojas, Celia Bombín y Diego Velázquez, se desmarcaron del asunto no asistiendo a la votación. Un proceso marcado por la nocturnidad y el oscurantismo, que ha dado mucho que hablar. De alguna manera, se pusieron sobre la mesa las dudas sobre el proceso, que desencadenaron en la falta de unidad y que algunos concejales se negaran a apoyar con su voto.

La licencia, según el escrito de denuncia, «se concedió a pesar de la existencia de informes elaborados por los técnicos municipales en los que se informaba que las obras no estaban finalizadas y con un informe jurídico evacuado por la letrada de obras adscrita a la unidad administrativa de Obras y Urbanismo en el que se ratificaba».

En el informe de la abogada municipal se especificaban varios aspectos que estaban en aire y hablaba de la necesidad de la finalización de las obras en el coso, la finalización de las obras en los aparcamientos, la firma y visado de los planos modificados, un informe sobre el cumplimiento de la ley de ruidos, además de la pertinente inspección técnica y emisión de informes al respecto.

En la denuncia, la plataforma ciudadana concluye que los hechos que se exponen pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación urbanística y, por ello, solicita que se investigue al respecto.  Las diligencias se han abierto en el juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero que será el encargado de investigar si hubo prevaricación urbanística en los hechos que se denuncian.  Por lo tanto,  tendrán que acudir a dar explicaciones a la jueza sobre un asunto que siempre ha estado acompañado por las sombras y la polémica.